La representación degenerada

Juan de la Puente
15 Mar 2019 | 0:30 h

“La privatización de la representación se ha adueñado del Congreso. Supera el natural contacto que debe existir entre el elegido y los electores, especialmente vigente cuando el primero rinde cuentas a los segundos”.

Un parlamento serio no tiene semana de representación. Es más, si es serio, no reduce la representación a una sucesión de actos que son, en realidad, de intermediación de demandas específicas, que ha generado los vicios del doble cobro que se denuncian actualmente. 

Con las revoluciones de honda repercusión constitucional –inglesa, francesa y norteamericana– la representación se asocia al interés general y a la deliberación sin restricción imperativa por parte de los congresos que, “representando” legítimamente a la Nación, establecen los contrapesos ante los otros poderes, controlándolos y adoptando decisiones que hacen realidad ese interés de todos. En atención a esos principios, el artículo 43º de la Constitución vigente se refiere al “gobierno representativo”, y el artículo 93º dispone que esa representación es de la Nación, y que quienes la ostentan no están sujetos a mandato imperativo. 

El Congreso peruano ha seguido en los últimos años un camino que ha vaciado la representación de su contenido histórico y político, transformándolo en un encargo funcional (artículos 18º, 22º y 23º del Reglamento del Congreso) basándose en una pragmática función de representación. Este proceso se inicia el año 2009 y al desarrollarse ha terminado convirtiendo al congresista en un gestor de proyectos (debilitando el papel de los gobiernos locales y regionales), un mediador de iniciativas de gasto público (violando el artículo 79º de la Constitución) y un portavoz de iniciativas legales que no siempre son de interés general.

El diálogo que expuso en marzo del año pasado el llamado “Mamani video” (“Consíguete un alcalde, y una obra de 100 millones, y sentadito, facilito, sin mover un dedo, te ganas el 5%”), y los casos de corrupción en las obras públicas gestionadas por parlamentarios en el norte del país, y que cobraron cupos a los alcaldes, exponen el nivel de esta degeneración del principio de representación.

La privatización de la representación se ha adueñado del Congreso. Supera el natural contacto que debe existir entre el elegido y los electores, especialmente vigente cuando el primero rinde cuentas a los segundos, e incide en otras deformaciones del trabajo parlamentario que ahoga al trabajo legislativo, uno de cuyos efectos son las llamadas leyes declarativas, las que se titulan “Declárese de necesidad pública la construcción de…”.

Si usted pregunta por qué no se aprueban leyes de fondo en el Parlamento, o por qué no se prioriza la revisión de los códigos o reformas constitucionales, la respuesta se encuentra en gran medida en el picadillo de leyes que resumen la privatización de la representación, fácilmente apreciable en las agendas de las comisiones ordinarias y el Orden del Día del Pleno del Congreso.

Debe suprimirse este procedimiento intruso de la democracia representativa. El primero que pierde con este esquema es el mismo congresista, que atónito aprecia cómo se le esfuma la legitimidad, al ritmo en que transforma su despacho en una oficina de protocolo, comprando rifas, obsequiando instrumentos de música a los colegios, apadrinando promociones, y visitando lugares a los que probablemente no volverá.