Juez de Yarinacocha no dicta sentencia a pesar que ya venció el plazo legal

Mariaelena Hidalgo
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 El magistrado Carlos Díaz Herbozo debe emitir resolución sobre demanda formulada contra invasores de terrenos.

El artículo 478° del Código Procesal Civil señala con precisión que el plazo máximo para emitir sentencia en primera instancia es de 160 días hábiles, esto es alrededor de 240 días, más o menos 8 meses. Pero, para el titular del Juzgado Mixto de Yarinacocha (Ucayali), Carlos Díaz Herbozo, y la especialista de su despacho, Gissela Hoyos Díaz, la disposición es letra muerta.

Hace 11 meses que Ramón Miranda Eyzaguirre, el dueño de un inmueble de 9.74 hectáreas invadido por traficantes de terrenos, interpuso ante el Juzgado Mixto de Yarinacocha una demanda de reivindicación para recuperar la posesión de su propiedad, y hasta ahora el juez Carlos Díaz no ha cumplido con convocar ni una sola audiencia.

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En cualquier país civilizado cuando un ciudadano recurre al Poder Judicial para que le restituyan su propiedad, ocupada por personas que no tienen ningún título para ejercer esa posesión, en el plazo más breve los magistrados actúan, ya que se está vulnerando un derecho fundamental.

Pero así no sucede en la Corte Superior de Ucayali, que hasta hace poco estuvo infiltrada por la organización criminal del abogado Rodolfo Orellana Rengifo, como lo ha denunciado la fiscal Marita Barreto.

El juez Carlos Díaz Herbozo debió 2 pronunciarse el 29 de octubre de 2018 para continuar con el proceso, pero no da ninguna señal.

En Ucayali la población espera que la Junta Nacional de Justicia separe del Poder Judicial a los magistrados que no cumplen con sus deberes especificados en el artículo 34° de la Ley de la Carrera Judicial, la que exige:  “impartir justicia con independencia, prontitud, imparcialidad, razonabilidad, y respeto al debido proceso”, así como “observar los plazos legales para la expedición de resoluciones y sentencias, y vigilar el cumplimiento de la debida celeridad procesal”.


El juez Carlos Díaz no se ajusta a dicho mandato porque no imparte justicia conforme los plazos legales.