PJ continuó control de acusación contra implicados del caso 'La Centralita'

La República
14 Mar 2019 | 9:20 h

Delitos que imputa el Ministerio Público a 42 de los 52 investigados son los de asociación ilícita y otros. Exgobernador regional de Áncash, César Álvarez, es sindicado como presunto cabecilla de la organización criminal.  

Las audiencias de control de la acusación que presentó el Ministerio Público contra 52 implicados en el caso 'La Centralita' están a punto de terminar. El delito que se les imputa a 42 de los investigados, entre los que destaca como presunto cabecilla de la organización criminal, César Álvarez, es el de asociación ilícita. 

De esta manera, la jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, María Álvarez Camacho, dejó constancia en la audiencia de que "nos proyectamos a terminar las absoluciones de control formal de asociación ilícita", por lo que prosiguió con la defensa de los acusados. 

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Cabe precisar que el fiscal Antonio Arévalo también sustentó el pedido en compañía de la procuradora Judith Villegas en esta séptima diligencia. En relación al excongresista Heriberto Benítez, este asumió su propia defensa como en las audiencias previas. 

En este sentido, se señaló que Mario Roldaño Cortés, quien formó parte de la seguridad personal de Álvarez cuando fue gobernador regional de Áncash, mantenía contacto con el resto de miembros de la red criminal y que recibió pagos mensuales. Asimismo, se precisó que la organización delictiva operaba desde el 2007 hasta el 2014, periodo en el que también se desempeñó Cortés. 

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Intervinieron también los abogados del exasesor de Ollanta Humala, Martín Belaúnde Lossio, de Milagros Asián, entre otros. En cuanto a lo defendido por el letrado que representó a Víctor Cerna Baez, exgerente general del Proyecto Especial Chinecas en Chimbote, el fiscal respondió que además de asociación ilícita, también hay presunción de que haya cometido el delito de lavado de activos. 

"Entre los fines de la organización criminal está la comisión del delito de lavado de activos (...) los otros [acusados] coadyuvan a ese propósito", señaló el fiscal Arévalo. Cabe indicar, sin embargo, que la Procuraduría Pública ha solicitado también alrededor de 14 millones de soles de reparación civil únicamente por el presunto delito de asociación ilícita de la red delictiva que se gestó en Áncash. 

Retroceso

Es necesario recordar que durante las primeras audiencias de acusación, el funcionario de la Fiscalía modificó su tentativa inicial de solicitar entre 11 y 13 años de prisión para los acusados y redujo las penas para siete de quince de ellos que se presentaron en una de las audiencias, a una sanción de solamente 3 años de cárcel. 

Entre los beneficiados por el cambio figuraron Rosa Olivares, Juan Espinoza, Maximiliano Milla, Miguel Revilla, Danilo Meléndez, Nelson Vásquez y Arnulfo Moreno, según informó el medio Ancash Noticias. El motivo de la reducción radicó en los insistentes pedidos de los abogados así como la llamada de atención de la jueza Álvarez de sintetizar las pruebas presentadas en la acusación puesto que se repetían en varios folios.