Seis proyectos de reforma judicial siguen encarpetados

La República
04 Mar 2019 | 21:00 h

Tarea inconclusa. Han pasado siete meses desde que el Ejecutivo presentó siete proyectos de ley para mejorar el sistema judicial, pero hasta la fecha solo uno fue aprobado en el Congreso y promulgado por el Gobierno. Expertos coinciden en que urge que el Parlamento priorice estas iniciativas.

El 2 de agosto del 2018, el presidente Martín Vizcarra entregó al Congreso siete proyectos de ley de reforma de justicia elaborados por la Comisión Wagner. Han transcurrido siete meses y el Parlamento todavía tiene seis de estas normas pendientes de aprobar.

Hasta inicios de febrero, el Legislativo solo había aprobado dos dictámenes de esta reforma: la ley (N° 3162) que elimina el contencioso administrativo en el Ministerio Público y la ley (N°3164) que garantiza la probidad de los profesionales que participan en el sistema de justicia. La primera fue promulgada por el Ejecutivo el 14 de febrero y consiste en agilizar los procesos judiciales administrativos de los ciudadanos contra el Estado. Mientras que la segunda ley trata de garantizar la probidad en los profesionales que laboran en el sistema de justicia. Sin embargo, esta fue observada el 20 de febrero y devuelta al Congreso debido a que en el Ejecutivo consideraron que su propuesta original había sido desnaturalizada.

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Desde un inicio, el Gobierno planteó que la ley de probidad solo incluya a abogados, pero el Parlamento aprobó un dictamen que abarcó a profesionales de otras especialidades.

Las seis leyes

Pero eso no es todo. Aún faltan debatir en el Pleno otros cinco proyectos de ley que siguen encarpetados en la Mesa Directiva del Congreso.

Por ejemplo, la ley (N° 3163) de acceso a la información de funcionarios que participan en el sistema de justicia aún tiene pendiente la segunda votación en el Legislativo para ser aprobada. Además, está la ley (N° 3166) que crea el Consejo de Reforma de Sistema de Justicia. Este nuevo organismo estará liderado por el presidente Martín Vizcarra. Sin embargo, también tiene pendiente la segunda votación en el Pleno.

Sobre el combate a la corrupción, el Ejecutivo planteó la ley (N° 3165) que crea la Fiscalía Suprema Anticorrupción. Esta norma tiene dictamen favorable en las comisiones de Justicia y Constitución, pero la Mesa Directiva aún no las pone en agenda para su debate en el Pleno.

Para el exfiscal supremo Avelino Guillén, esta norma es crucial porque sería la primera vez que el Ministerio Público tendría una Fiscalía Suprema Anticorrupción independiente.

"Es fundamental que el fiscal anticorrupción tenga autonomía porque puede darse el caso, como pasó con el fiscal Pedro Chávarry, en que el titular del MP no está comprometido con la postura anticorrupción", explicó.

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Mientras que la otra propuesta de ley (N° 3160 y N° 3161) establece la creación de la Autoridad para la Integridad y Control del Poder Judicial y el Ministerio Público.

Aquí hubo una discrepancia entre las comisiones de Justicia y Constitución. La de Justicia, presidida por el oficialista Alberto Oliva, planteó que en vez de autoridad de integridad exista una superintendencia adscrita a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Mientras que la de Constitución, liderada por la fujimorista Rosa Bartra, se centró en mantenerla como autoridad autónoma.

El problema, detalló Guillén, es que una superintendencia no garantizará independencia institucional.

"La autoridad de integridad y control tiene que ser un organismo autónomo, y no necesariamente vinculado a la JNJ", expresó.

De igual forma, la propuesta original del Ejecutivo es que sea una autoridad de control y no superintendencia.

Por esa razón, fuentes del Ministerio de Justicia informaron a este diario que en caso el Congreso apruebe los proyectos de ley 3160 y 3161 como superintendencia, la observarán.

Consecuencias

Para Guillén, todos estos problemas pudieron evitarse si el Legislativo hubiera pisado el acelerador de forma adecuada al momento de debatir estas reformas, en lugar de entrar en disputa por ellas.

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"La Comisión de Justicia sí emitió dictámenes a tiempo en la mayoría de proyectos, pero en la Comisión de Constitución hubo paralizaciones", acotó.

El exfiscal supremo enfatizó en que habrá una disonancia en la reforma de justicia sino se aprueban todas estas leyes.

"Por un lado, el Estado busca recomponer el sistema de nombramientos y evaluación de jueces y fiscales a través de la JNJ, pero no va acompañado de las siete legislaciones. Esto creará un vacío que, al final, significará un retraso para la JNJ", advirtió.

El dato

- Iniciativa. El proyecto del Ejecutivo del Sistema de Integridad y Control del PJ y MP busca dotar de autonomía a la institución para que su titular sea designado por concurso público. Además, fortalecer la prevención, supervisión, sanción y control disciplinario de jueces, fiscales y empleados. Se otorga protección a los denunciantes.

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