Sala de Apelaciones de Ucayali resolverá caso de invasores que buscan legitimidad con documentos falsos

Lupe Muñoz
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Con resoluciones de fiscales y jueces que favorecen a los usurpadores, el tráfico de terrenos en la región ucayalina crece impunemente.

Hace años que el empresario Ramón Miranda Eyzaguirre busca que las autoridades de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, del Ministerio Público y de la Corte Superior de Ucayali, ordenen el desalojo de un terreno de su propiedad invadido por un grupo de personas que pretende adueñarse del inmueble con documentos fraguados y la complicidad de algunos funcionarios ediles y judiciales.

Con evidencias documentales en la mano, Miranda ha demostrado y fundamentado legalmente que desde 2008 le pertenece un terreno de 9.74 hectáreas ubicado en el distrito de Yarinacocha. También probó que los usurpadores ingresaron en el inmueble en 2011 y que en 2015 presentaron a la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo documentos falsos para acreditar que supuestamente se encontraban en posesión del área desde 2005, lo que está demostrado que es falso.

No obstante, las autoridades del municipio, de la fiscalía provincial de Coronel Portillo y de la Corte Superior de Ucayali, a pesar que cuenta con la evidencia suficientemente corroborada, ya sumó 8 años sin resolver el caso. Por el contrario, han emitido resoluciones favorables a los invasores, lo que es un indicativo de la influencia que los dirigentes de los denunciados tienen en la administración de justicia.

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En febrero del 2017, el propietario del terreno, Ramón Miranda, presentó contra las cabezas visibles de los invasores, una denuncia por usurpación agravada ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yarinacocha.

La fiscalía, en lugar de disponer algún acto de investigación, o de tomar en cuenta los requerimientos de los pedidos del agraviado, increíblemente en tres ocasiones resolvió que no había sustento para iniciar acciones contra los denunciados.

En las tres ocasiones el empresario Ramón Miranda recurrió a las Fiscalías Superiores de Ucayali que le dieron la razón, por lo que el caso, finalmente, llegó a la etapa de investigación preparatoria.

Sin embargo, en octubre último, el expediente llegó al titular de la Segunda Fiscalía Provincial de Yarinacocha, Juan Ramírez Pedraza, quien, cuando se esperaba que dispusiera la ejecución de las diligencias correspondientes, sorprendentemente dispuso el sobreseimiento del caso.

Esta actuación del fiscal Ramírez demuestra una vez más que la administración de justicia en Ucayali –jurisdicción que ha sido escenario de recientes y clamorosos casos de corrupción-, está lejos de cumplir los estándares de transparencia y rectitud

Seguidamente, el empresario Miranda interpuso un recurso de oposición ante el Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Ucayali, instancia que, increíblemente, declaró fundado sobreseimiento del caso.

Ante tales circunstancias, Miranda apeló y ahora el expediente se encuentra en la Sala Penal de Apelaciones de Ucayali, que debe revocar el sobreseimiento y ordenar que se proceda al inicio del juicio oral contra los invasores como manda la ley.

También está por cumplir un año la demanda de reivindicación que presentó el empresario Ramón Miranda ante el Juzgado Mixto de Yarinacocha, que despacha el magistrado Carlos Díaz Herbozo, acción que tiene como finalidad la recuperación de la propiedad de Yarinacocha.

El juez Carlos Díaz debió pronunciarse el 7 de noviembre del año que pasó, sin embargo, superando todos los plazos establecidos, la autoridad no lo hace, con lo que el proceso no avanza.

La demanda que permitiría que el legítimo propietario recupere su inmueble ilegalmente ocupado por presuntos traficantes de terrenos, está maniatada por la actuación del juez Carlos Díaz Herbozo.

Por si fuera poco, la denuncia contra el alcalde del centro poblado San José de Yarinacocha, Egar Marín Zamora, quien fraguó una constancia falsa a los invasores indicando que habían tomado el terreno del empresario Miranda en 2005, cuando en realidad lo hicieron en 2011, tampoco avanza. La fiscal del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yanacocha, Karen Yzaguirre Barreto, no ha resuelto nada y el denunciado se mantiene impune.

Con una administración de justicia como la de Ucayali, donde los que violan la ley son beneficiados con resoluciones insostenibles, o por la lenta o nula actuación de las autoridades, los más afectados son los ciudadanos.