Tumbes: Contraloría suscribe convenio para transparentar información de funcionarios públicos

Abraham Ibanez
2019 M02 11 | 12:11 h

Sistema implementado por la entidad, hará posible la fiscalización posterior de la información declarada por los funcionarios.

El Contralor General de la República, Nelson Shack y el Gobernador Regional de Tumbes, Wilmer Dios, suscribirán un convenio de cooperación interinstitucional que hará posible la implementación del sistema de declaraciones juradas para la gestión de conflictos de intereses.

En una reunión de trabajo llevada a cabo el pasado 8 de febrero con el gobernador regional y el consejero delegado Freddy Boulangger, el gerente de Relaciones Interinstitucionales de la Contraloría General, Martín Cabrera, destacó el compromiso asumido por el Gobierno Regional de Tumbes para que sus funcionarios y servidores transparenten su información personal, familiar, y laboral, mediante la implementación del sistema de Declaraciones Juradas de Intereses que ya puso en macha la entidad de control.

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El uso de este moderno sistema de declaraciones juradas de intereses permitirá registrar y cruzar información para evitar que se produzcan casos de nepotismo o se realicen contrataciones irregulares motivadas por intereses ajenos a la función pública.

“Este sistema, señaló el funcionario, luego de recibir una copia del acuerdo del Consejo Regional que aprobó esta medida, contribuye a fortalecer la integridad pública y la lucha contra la corrupción, transparentado la información de los funcionarios, siendo su principal valor la posibilidad de fiscalizar la información declarada de manera automática con las bases de datos de otras entidades, en el marco de un proceso de interoperabilidad con Reniec, Sunarp y Sunat porque nuestro sistema al ser informático y no manual permite la interoperabilidad para el cruce de información al momento de fiscalizar”, acotó Martin Cabrera.

La semana pasada, la Contraloría suscribió un convenio con el Gobierno Regional de Cajamarca para la implementación de este sistema, el que se espera pueda extenderse a todos los gobiernos regionales e instituciones públicas con el fin de evitar casos de corrupción e inconducta funcional en el marco de su labor de control.