¿Y el Estado?

Luis Davelouis
2019 M02 11 | 01:36 h

Nadie le hace caso al Estado porque o nunca está y cuando aparece es a pedir o quitar algo, o porque no tiene mecanismos eficaces para hacer cumplir ni sus planes.

La semana pasada, el gobierno central declaró en emergencia 32 distritos de la región Lima y otra veintena de distritos en Áncash, Pasco, Arequipa, Moquegua y Tacna. Pero los huaicos ya cayeron y ya se llevaron casas, puentes, pistas y gente. Como con el friaje en el sur que mata decenas de niños todos los años, los deslizamientos de lodo y piedras son ya, también, reiterados, consistentes y predecibles.

¿Por qué pasa esto todos los años y siempre -siempre- parece tomarnos desprevenidos de modo que luego solo nos queda tratar de reparar el daño? ¿Por qué parece que en el Perú no se puede prevenir? ¿En realidad no se puede?

Más allá de la capacidad de este gobierno de hacer frente a estas desgracias evitables, el problema de fondo sigue siendo la limitada capacidad del Estado: las condiciones, competencias y recursos que le permiten a este realizar las tareas que se espera que cumplan (Bertranou, 2015). Pongamos tres ejemplos trilladísimos de tan reales y actuales: el Estado debe poder brindar educación de calidad, salud universal con estándares mínimos y seguridad ciudadana. Esto último, por supuesto, incluye impedir que las personas se asienten en las quebradas por donde caen los huaicos.

¿Qué? ¿Acaso sabemos dónde van a caer los huaicos y cuándo? Sí. ¿Se puede impedir que caigan? No. ¿Se puede prevenir para reducir su impacto al mínimo? Sí. ¿Sabemos cómo? Sí.

Entonces, ¿por qué se sigue muriendo la gente?

Porque una cosa es la competencia del Estado para elaborar normas, planes y políticas públicas y otra, muy distinta, tener la capacidad de implementar esos planes y políticas. En determinadas circunstancias, nadie le hace caso al Estado porque o nunca está y cuando aparece es a pedir o quitar algo (alta desconfianza, baja legitimidad), o porque no tiene mecanismos eficaces para hacer cumplir ni sus planes ni sus políticas y a veces ni sus propias leyes.

Las dimensiones teratológicas de la evasión tributaria en el Perú y la minería ilegal en Madre de Dios cuyo impacto se ve desde el espacio -y desde Google Earth-, son buenos ejemplos de esa incapacidad. Y se trata de un problema estructural que ningún gobierno en los últimos 29 años ha podido ni querido solucionar (antes de 1990 América Latina no pensaba en eso). Es tremendamente impopular cambiar las reglas de juego -aunque esas reglas sean informales y estén al margen de la ley, son reglas-; y los frutos de empezarlas serán cosechados por otros.

Las personas que viven en las quebradas tienen derecho a que el Estado las proteja y a este sí le interesa protegerlas (el gobierno de Humala puso mallas en las quebradas de Chosica y funcionaron bastante bien), pero, aunque parezca broma, en muchos aspectos, todo lo que puede ofrecer el Estado es una voluntad coja, tembleque y chimuela. ¿Cómo, entonces, pedir a los ciudadanos que cooperen con el Estado y cumplan con lo que este manda?

En términos de distancia, el distrito de La Victoria está a 5 km de Palacio de Gobierno, la región Callao está a 10 y el Vraem está a más de 600 kilómetros. En La Victoria y en el Callao varias mafias han mantenido acogotados a los gobiernos municipales por décadas, arropadas por redes de corrupción que mantenían en el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional. “¡Uy, es que el Vraem es lejísimos!”. Cierto, la distancia no ayuda, pero ese factor no es lo determinante. Hasta hoy se pueden comprar películas piratas frente a la puerta del Jirón de la Unión. ¿Qué? Allí tampoco hay Estado dices…

Callao, Vraem, discos piratas, minería ilegal, evasión, ciudadanos sin atender en Pisco, Piura y San Juan de Lurigancho y huaicos sin prevenir son todos efectos de la misma incapacidad del Estado. “Si todo el mundo le saca la vuelta a la ley, ¿por qué voy a ser yo el único tonto que cumple?”. 

También debería el Estado garantizar los demás derechos que están en la Constitución (al honor, hogar decoroso, identidad, libertad de pensamiento, libertad de expresión, etc.), pero empecemos por lo práctico y lo urgente, es decir, garantizar condiciones mínimas, asegurar que no se repitan casos como el de un joven ancashino que caminaba 4 horas diarias solo para ir y regresar del colegio cuando mitad del año no había profesor; al que además se le murió el hermanito de apendicitis porque la posta estaba lejos y la mamá de cáncer de cuello uterino porque los resultados de su papanicolaou se perdieron y era muy caro venir a tratarse a Lima.

Así, cuando un soltero codiciado contratado en la empresa de su papi crea que su circunstancia se la procuró él mismo y que se esforzó tanto como nuestro joven ancashino, no nos dé pena. Sino risa. 

PD. El cardenal Cipriani y el cardenal Barreto son ciudadanos peruanos con plenos derechos. Ambos pueden opinar y tener la posición política que les plazca y tienen el derecho constitucional de expresarlas. Quejarse de eso es ridículo. PERO, a diferencia de Barreto, Cipriani lanzaba arengas y exhortaciones políticas, advertencias y hasta amenazas desde el púlpito y disfrazaba sus preferencias políticas e ideológicas de sermón espiritual en un programa semanal en la radio con más audiencia del país. Y lo hizo por años.

Así que sí hay diferencia.