Cuando Fuerza Popular contrató a sus aportantes en el Congreso [VIDEO]

Michael Machacuay
2019 M02 4 | 11:24 h

El año pasado se denunció la contratación irregular de hasta 800 empleados entre las gestiones de Salgado y Galarreta. Administración de Salaverry no renovó a 130 trabajadores. 

La decisión del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, de no renovar el contrato de 130 trabajadores del Parlamento —de los cuales 100 son militantes de Fuerza Popular—, provocó la reacción de miembros de la bancada naranja.

Segundo Tapia, vicepresidente de la Mesa Directiva, cuestionó por este hecho a Salaverry y manifestó que ha tomado una decisión “arbitraria, autoritaria y abusiva”. El titular del Legislativo ha manifestado que “el Congreso no puede ser agencia de empleos del partido de turno”.

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Lo manifestado por Daniel Salaverry haría alusión a una denuncia que, en otras circunstancias, tuvo lugar en junio del 2018. El dominical Cuarto Poder reveló que en ese entonces la Mesa Directiva que encabezaba Luis Galarreta aprobó irregulares contrataciones.

Según se expuso, en ese último año se habían realizado poco más de 800 nuevas contrataciones tras la suspensión del Estatuto del Servicio Parlamentario, que regulaba las contrataciones y nombramientos en el Parlamento.

Este incremento de personal comenzó, de acuerdo al informe periodístico, en julio del 2016 durante la administración de Luz Salgado. La presunta irregularidad de detectó cuando los trabajadores pasaron a ser personal estable sin cumplir con el mínimo de tiempo de servicio.

Para cubrir los gastos de estas plazas del régimen CAS se incrementó el presupuesto a casi 50 millones de soles comparado con la anterior gestión. De estas contrataciones se identificó a trabajadores cercanos a Fuerza Popular, como sus propios militantes.

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Por ejemplo, durante la presidencia de Salgado entraron funcionarios que figuran como aportantes de Fuerza Popular y con sueldos de S/14 mil. En el año de Galarreta ingresó personal allegado a su despacho para puestos como “especialista parlamentario, administrativo y de la Mesa Directiva”.

Esta denuncia motivó la intervención del procurador Amado Enco, quien manifestó que su despacho tomaría acciones por la contratación presuntamente irregular. “De existir indicios de que se utilizó el cargo público para favorecer intereses privados, esto constituye un presunto acto de corrupción que amerita investigarse”, dijo entonces.