Dictamen mantiene las observaciones a la ‘Ley Fujimori’

La República
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Insisten. Texto sustitutorio sobre arresto domiciliario aprobado en Comisión de Justicia mantiene seis objeciones del Ejecutivo. Igual presionarán para que se agende con prioridad en el Pleno.

La mayoría de las observaciones que el presidente Martín Vizcarra hizo a la ley que permite el arresto domiciliario a adultos mayores que cumplen penas en prisión se mantienen en el nuevo dictamen aprobado en la Comisión de Justicia del Congreso. Pese a ello, insistirán para que se incluya en la agenda del Pleno.

Aunque Luz Salgado aseguró que Fuerza Popular no presionará para que el tema sea visto con prioridad, el legislador de Cambio 21, el kenjista Clayton Galván, anunció que pedirá que se agende en la última sesión plenaria.

Y es que el documento, si bien recoge algunas de las observaciones del Ejecutivo, desestima las que puedan hacerlo inaplicable a Alberto Fujimori, quien la semana pasada volvió al penal Barbadillo, tras ser dado de alta de la clínica Centenario.

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Como se recuerda, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por ser autor mediato en los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, y el secuestro del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti.

El 4 de diciembre pasado se presentó un dictamen inicial en la Comisión de Justicia acogiendo todas las objeciones, pero fue desestimado por Fuerza Popular, que impuso su mayoría.

En su lugar, el fujimorismo introdujo un texto sustitutorio con varios allanamientos parciales, es decir, manteniendo varios de los puntos por los que el Ejecutivo observó la norma en octubre pasado.

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Votos del fujimorismo

El nuevo dictamen fue aprobado solo con los votos del fujimorismo. Se opusieron Alberto Oliva y Oracio Pacori porque el texto contiene varias de las objeciones de Vizcarra (ver infografía).

Por ejemplo, sigue siendo una ley con nombre propio, ya que no se incorporan como excepción los delitos de homicidio y secuestro agravado, por los que está condenado Alberto Fujimori.

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Tampoco se incorporan delitos graves como tortura, lavado de activos ni los que se refieren a la administración pública o corrupción. Ni prevé el pago de la reparación civil.

Además, sigue siendo una “ley express” porque no se efectuó un amplio debate y solo se aprobó en forma apresurada en la Comisión de Justicia.

El presidente de dicho grupo de trabajo, Alberto Oliva, explicó que al ser un texto nuevo, de ser aprobado por el Pleno, Vizcarra podría volver a observarlo.

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Acudirán a la corte IDH

De promulgarse la norma, cuyo nombre oficial es Ley de Ejecución Humanitaria de la Pena, los abogados de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Gloria Cano, directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), sostuvo que se debe incluir entre las excepciones los criterios de dicha instancia supranacional para acortar la pena de sentenciados por graves violaciones a derechos humanos y lesa humanidad. Es decir, que haya cumplido la mayor parte de la pena, reconocido el delito, pedido perdón y se reciba la opinión de las víctimas.

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“De lo contrario, pediríamos la inaplicación por ser anticonvencional de acuerdo a los criterios de la Corte IDH”, dijo.

Por su parte, Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), destacó los argumentos de inconstitucionalidad por los que el jefe del Estado no promulgó la ley el año pasado.

“El presidente no se equivoca en que la norma pretende beneficiar a una sola persona. Lo que pase con el resto es secundario para el fujimorismo”, apuntó.

FUJIMORI