Subcomisión de la incompetencia y la impunidad

La República
9 01 2019 | 16:00h

Congreso. En la gestión de César Segura aumentó de tres a cinco el número de asesores, sin ninguna mejora en los resultados. En esta etapa blindaron a Héctor Becerril por injerencia en el CNM y en forma reiterada a Pedro Chávarry.

Son tres los fujimoristas que hasta el momento han pasado por la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso: Karina Beteta, Milagros Takayama y César Segura. Durante la gestión de este último, se incrementó de tres a cinco el número de asesores, sin mejoras en los resultados.

Según las planillas del Congreso, en la gestión de Beteta solo había tres asesores, con un presupuesto mensual de 14,700 soles. El panorama se mantuvo con Takayama. En cambio, apenas ingresó Segura, en agosto del 2018, la planilla se incrementó a cinco asesores y el presupuesto subió a 29,500 soles. Aparte de generar empleo para sus allegados, los resultados en su gestión no son nada auspiciosos.

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Comisión interesada

Son 285 las denuncias constitucionales que han ingresado hasta el 4 de enero ante esta Subcomisión desde julio del 2016. De estas, un promedio de 112 fueron enviados al archivo, la mayoría de casos durante la gestión de Beteta. Muchos de ellos eran provenientes del Congreso anterior.

Solo un promedio de 13 acusaciones fueron aprobadas. De esta cifra, destaca la aprobación durante la gestión de Takayama de las demandas contra los ahora congresistas suspendidos Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel. Como se recuerda, el caso fue abordado con absoluta celeridad por una suerte de venganza de Fuerza Popular contra quienes evitaron la primera vacancia de Pedro Pablo Kuczynski.

El segundo caso emblemático tiene que ver con la destitución del exjuez César Hinostroza Pariachi y los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Iván Noguera, Julio Gutiérrez, Guido Aguila y Orlando Velásquez. Fuerza Popular y el Apra intentaron protegerlos, pero pudo más la presión pública.

Los casos pendientes

Existe, por otro lado, un promedio de 160 acusaciones constitucionales pendientes de resolución. César Segura no ha generado mayores avances, a pesar de mejorar su planilla de asesores.

Su gestión, por ejemplo, mantiene un promedio de 25 denuncias del 2016 contra el exministro del Interior Carlos Basombrío, por casos de pases al retiro de efectivos de la Policía.

También hay una veintena de denuncias tramitadas por ciudadanos contra miembros del Tribunal Constitucional por emitir fallos en contra de sus intereses. Se suma a ello otras 16 denuncias de ciudadanos contra jueces, por el mismo motivo: fallos adversos a sus pretensiones. Todos estos casos están encarpetados.

Reiterado blindaje

En términos de impunidad, es preciso recordar que entre las denuncias por atender hay una decena contra los exmiembros del CNM, esto debido a que la mayoría del Congreso no aprobó acusarlos por el presunto delito de organización criminal.

Hay también un manto de impunidad en la evasiva para revisar más de 25 denuncias contra los mismos congresistas. Algunos casos formulados por ciudadanos, pero hay otros muy relevantes. Un botón para muestra es la acusación encarpetada contra Moisés Mamani por el caso de tocamiento indebido contra una aeromoza.

Y está, desde luego, el caso Chávarry. Ya en octubre del 2018, Fuerza Popular y el Apra votaron en contra de la propuesta sustentada por Juan Sheput para destituirlo e inhabilitarlo por diez años, por los vínculos con "Los cuellos blancos del Puerto".

El 19 de noviembre se sometió a votación en la Subcomisión el pedido para priorizar las nuevas denuncias contra Chávarry y se opusieron Fuerza Popular y el Apra, más la abstención de Víctor Andrés García Belaunde. Tuvieron que esperar las marchas para recién desbloquear el blindaje a este personaje.

Agenda

- Desde el 21 agosto del 2018, cuando se presentó la primera denuncia contra Chávarry, han pasado más de cuatro meses y recién, por presión pública, la Subcomisión debatirá el lunes 42 acusaciones relacionadas a la Fiscalía, incluyendo el caso de este exfiscal de la Nación.

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