Prisión de 36 meses piden para 58 policías: fiscal los acusa de 33 presuntos asesinatos

La República
12 Dec. 2018 | 02:00h
Ejecuciones extrajudiciales

Crímenes selectivos. El fiscal Álvaro Rodas Farro atribuye al comandante PNP Raúl Prado Ravines y a otros 57 efectivos haber organizado y participado en ejecuciones extrajudiciales de supuestos delincuentes, mediante el montaje de falsos operativos entre 2012 y 2015.

Con el propósito de ascender de grado, obtener condecoraciones e incrementar sus ingresos económicos, el comandante PNP (r) Raúl Prado Ravines diseñó un modelo de operaciones simuladas contra bandas de delincuentes que con frecuencia terminaban con el saldo de varios fallecidos, de acuerdo con la denuncia formulada por el fiscal de crimen organizado Álvaro Rodas Farro.

Durante más de tres años, entre 2012 y 2015, el comandante Prado, en las diferentes unidades en las que laboró, y con la autorización de sus ocasionales jefes, ejecutó las operaciones para supuestamente desbaratar bandas criminales en Lima y provincias.

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Basándose en una investigación que sumó más de 20 mil folios –documento al que tuvo acceso La República–, el fiscal Rodas ha requerido la prisión preventiva del comandante Prado y de otros 57 efectivos, entre oficiales y subalternos en actividad y retiro.

Según el documento fiscal, Rodas obtuvo los testimonios de colaboradores eficaces que confirman que el comandante Raúl Prado planificó los falsos operativos utilizando vehículos como señuelos. Para cumplir con su objetivo, reclutaba agentes de su grupo de inteligencia, efectivos de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT) y de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN), y hasta informantes que se hacían pasar como vigilantes de imaginarios empresarios.

Los informantes de Prado filtraban a los sospechosos el dato de que estos empresarios llevaban gran cantidad de dinero y los convencían para emboscarlos y robarles. Pero cuando los sujetos llegaban al punto que los informantes habían señalado, llegaba la policía y los acribillaba. Luego presentaban en conferencia de prensa los casos como si se tratara de operaciones contra el crimen organizado y afirmaban que los supuestos delincuentes fallecieron en su intento de escapar.

Todo era falso, acusa el fiscal Rodas.

El método Prado

La autoridad ha determinado que el grupo a cargo de Prado mató a 33 sospechosos en nueve operaciones registradas en los distritos de Santa Anita, San Juan de Lurigancho, Ate Vitarte y Puente Piedra, en Lima, así como en las ciudades de Chincha, Chiclayo y Piura.

El documento también contiene la defensa del comandante Prado, quien sostuvo que los hechos ocurrieron bajo un esquema de operativos preventivos o en flagrancia (cuando los sujetos son sorprendidos en plena acción delictiva). Por esta razón, dice, las operaciones policiales no contaron con la presencia de un representante del Ministerio Público, ausencia característica de todas las acciones imputadas a Prado.

Sin embargo, para el fiscal Rodas esta versión se cae por sí sola, debido a que verificó que las operaciones en flagrancia nunca se dieron. Por el contrario, se detectaron como parte del plan criminal de Prado el alquiler de viviendas y hoteles con el propósito de vigilar a los objetivos que llegaban con engaños a un punto estratégico para ser emboscados y eliminados.

Por ejemplo, en el caso de Santa Anita, ocurrido el 11 de junio de 2012, donde fueron abatidos tres sospechosos, se afirmó falsamente que iban a asaltar a un narcotraficante que trasladaría una fuerte cantidad de dinero en una camioneta con lunas polarizadas desde Lima hasta Oyón.

El supuesto empresario no existía y para ello se utilizó un vehículo como señuelo, conducido por el informante Eduardo Trujillo Isidro. En el interior estaban escondidos efectivos de la SUAT y de la DIGIMIN, quienes eran los encargados de victimar a los presuntos delincuentes.

Otro caso es el de La Floresta (Chincha), registrado el 6 setiembre de 2012, donde fueron acribillados dos sujetos. A ellos se les hizo creer que iban a robar sacos de fertilizantes en el Fundo LasFlorest Chincha Baja. Usaron un auto tico que fue guiado por el “informante” hasta una zona carrozable donde los sospechosos fueron emboscados por efectivos de la SUAT.

La misma modalidad se usó en el caso de Puente Piedra, el 18 de noviembre de 2012. Ahí fueron victimados el teniente PNP Franco Moreno Goyeneche y los suboficiales Víctor Mongo Valdera, Roger Manrique Torres y un civil, quienes supuestamente iban a robar un alijo de droga que era transportado en una camioneta combi. El vehículo con el presunto cargamento se encontraba en el interior de un corralón ubicado en la Asociación de Pequeños Agricultores de Zapallal.

Misma modalidad

Para estos operativos se empleó el vehículo de señuelo de Frecuencia Latina conducido por el informante Eduardo Trujillo Isidro, en cuyo interior se ocultaron efectivos de la SUAT y de la DIGIMIN.

El caso de Chiclayo ocurrió el 4 de diciembre. En este caso fueron asesinados seis sospechosos en el interior de la empresa Estrella del Norte, donde supuestamente asaltarían al propietario que iba a trasladar una fuerte cantidad de dinero en una miniván. El vehículo era de propiedad de uno de los oficiales del grupo operativo donde se camuflaron efectivos de la SUAT y la DININCRI.

Para el fiscal Rodas, este tipo de operaciones fraudulentas se empezaron a aplicar cuando Prado se desempeñaba como jefe de la Oficina de Inteligencia de Trujillo, en 2010, luego lo siguió haciendo en la DIGIMIN, entre 2011 y 2012.

Según la acusación fiscal, en el 2013 Prado y su grupo de inteligencia fueron requeridos por el entonces jefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), general (r) Vicente Álvarez Moreno, para que apoyara en la lucha contra el narcoterrorismo en el (Vraem). De acuerdo con la autoridad, dicha labor nunca se cumplió.

Para Rodas, Álvarez constituyó el Grupo Especial de Inteligencia contra el Crimen Organizado (GEICcO) que funcionaba en la Dircote, y desde esa sede se ejecutaron otros tres falsos operativos con muertes subsecuentes.

En 2014, cuando Álvarez fue cambiado al Estado Mayor de la Dirección de Inteligencia de la PNP (DIRIN), le siguió el grupo de Prado. El fiscal Álvaro Rodas señala que Álvarez cumplió la función de protector y avaló los planes criminales de Prado Ravines.

"Yo no he creado ese grupo. Ese grupo ha venido en calidad de apoyo con su logística, con su personal y con sus propios recursos. Ese dinero lo recibían y ellos mismo lo justificaban ante la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior. Él (Prado) tenía otros jefes", señaló en su momento el general Álvarez al programa "Cuarto Poder".