José Carlos Ugaz: “La mayoría de investigados por corrupción alegan siempre persecución política”

Redaccionlr
29 Nov. 2018 | 21:00h
José Carlos Ugaz Sánchez-Moreno. Abogado, exprocurador anticorrupción, presidente de la organización Proética, autor de los libros Prensa juzgada (2000) y Caiga quien caiga (2014).

"Venimos padeciendo como país y como estado democrático una crisis de representación. Los partidos políticos están en caída libre"

Por: Víctor Caballero

José Ugaz, exprocurador anticorrupción del caso Montesinos, responde desde CADE sobre el pedido de asilo diplomático de Alan García y la situación actual de Keiko Fujimori y Fuerza Popular.

¿El pedido de asilo diplomático de Alan García está fundamentado? ¿Existe una persecución?

Como ya lo hemos dicho a nivel institucional en Proética y también lo ha dicho Transparencia Internacional, no existe ningún elemento fáctico que permita afirmar que aquí hay una persecución política. Nuestra experiencia como observadores de sociedad civil a nivel internacional nos revela que todos los investigados por corrupción, o la gran mayoría en su caso, alegan siempre persecución política. Pasó con los expresidentes de Ecuador, Bucaram, Mahuad y Correa, que está prófugo. Ha pasado con el presidente Martinelli de Panamá y un largo etcétera: Yanukóvich en Ucrania, Mubarak en Egipto. Sin embargo, para poder alegar que hay una persecución política tendría que demostrarse que los jueces y fiscales del país que están investigando –no solo a este expresidente, sino a los últimos cuatro expresidentes del país por su vinculación con el caso Lava Jato– están digitados por el partido de gobierno o por el Ejecutivo. Cosa que es no solamente indemostrable, sino irreal. ¿Quién puede alegar que el gobierno actual y el poder Ejecutivo tienen alguna injerencia sobre el Ministerio Público o el Poder Judicial? Eso no tiene ningún asidero. Más bien, quien ha recurrido al asilo viene sosteniendo permanentemente que el cuestionadísimo fiscal de la Nación, el señor (Pedro Gonzalo) Chávarry, que es afín a sus intereses, debería permanecer en el caso, como ha venido sosteniéndolo el partido mayoritario en la oposición para, de alguna manera, obtener algún tipo de beneficio de esa posición.

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En una columna titulada Purga, usted dijo que “hay quienes ven en esta crisis un proceso sanador”. Cuando menciona que debería verse de una forma optimista, ¿a qué se refiere exactamente?

Este es un proceso de depuración. Venimos padeciendo como país y como estado democrático una crisis de representación. Los partidos políticos están en caída libre. El fujimorismo probablemente va a deteriorarse a un nivel que lo haga inviable; el partido aprista se ha reducido a su mínima expresión con su líder máximo recurriendo al asilo para rehuir una investigación penal objetiva en la que ni siquiera se le ha dictado una detención, sino solamente un impedimento de salida del país. Y la clase política en general, representada en el Congreso, es objeto de repudio nacional. Tanto que Mulder y Chacón han corrido a las instancias que antes ellos insultaban y denostaban, diciendo que eran, de alguna manera, los aliados internacionales del caviarismo y de la izquierda, para quejarse amargamente de que en el país no los quieren, cuando es evidente que la ciudadanía considera que el Congreso es la institución con más baja calidad y prestigio y por lo tanto no los queremos. Ellos han recurrido a las instancias de la CIDH para decir que este repudio nacional tendría que ver con un interés de gobierno. Una vez más al gobierno le achacan todo, cuando tenemos un gobierno que prácticamente ha tenido que improvisar ante la renuncia de Kuczynski y que no tiene ninguna capacidad, creo yo, de articular la justicia o la Fiscalía.

Jaime Yoshiyama asegura que un multimillonario fallecido, Juan Rassmuss Echecopar, fue quien entregó el dinero en la campaña del 2011. Si esto fuese así, ¿por qué pasar por todo un sistema de presunto lavado para ingresar el dinero al partido? ¿Por qué cree que Fuerza Popular sostiene algo que, más que respuestas, genera más dudas?

Aquí se conjugan dos cosas. Por un lado la total falta de credibilidad de Fuerza Popular y sus líderes, que han venido mintiendo de una manera tan sistemática y grosera que ya nadie les cree. Lo segundo es que la versión resulta un poco más propia de García Márquez que de un político serio en el Perú. Puede que haya una mala coincidencia. Yo conocí perfectamente al señor Rassmuss Echecopar, un empresario con mucha fortuna propia e interesado en el Perú, y pudiera ser que efectivamente le haya querido donar y permanecer en el anonimato. De ahí para adelante, eso tendrá que ser materia de investigación y demostrarse objetivamente, como lo vienen pidiendo todos los actores. Lo otro es que una vez que se recibe ese dinero, aparentemente en efectivo, ¿cómo hizo el señor Rassmuss para traer esas decenas de miles de dólares de Chile al Perú en efectivo? ¿Cómo pasó los controles? Ahí hay un tema complicado. Y si los retiró desde una cuenta bancaria en el Perú, tiene que haber un registro bancarizado que demuestre que ese monto lo retiró él de sus cuentas o un representante suyo de alguna de sus cuentas de sus empresas en el Perú. El otro tema tiene que ver con los pasos posteriores que se dan a la recepción del dinero y que no tienen ninguna justificación. Asumamos que el señor Rassmuss quiso mantenerse en el anonimato. De ahí para adelante, todo lo que han hecho los miembros que hoy día están siendo investigados en el partido Fuerza Popular o simpatizantes de él es delictivo. Han falsificado documentos, han buscado testaferros, con lo cual han alterado la verdad, y han engañado a la ONPE diciéndole que personas que no habían aportado un centavo eran los reales aportantes. Ahí, por lo pronto, hay un delito contra la fe pública que es incontrastable y que, presumo, en su momento, la justicia será capaz de ponderar.

Mucha gente, incluso aquellos que no simpatizan con Fuerza popular o que los han criticado duramente, sostiene que, si bien la tesis del fiscal José Domingo Pérez es válida y existe abundante evidencia de todos los presuntos delitos que se pudieron haber cometido, es difícil poder acusar a Keiko Fujimori de haber cometido algún delito. ¿Usted qué opina sobre esto?

Como dice una propaganda de una compañía de seguros en los últimos días, todo el mundo opina sobre temas pero los únicos que tienen la capacidad de decidir son el fiscal y el juez. Y en temas penales siempre hay una carga subjetiva, eso está librado a criterio de conciencia del juzgador y a los elementos indiciarios o probatorios que pueda tener la Fiscalía. Si la tesis de la Fiscalía es que aquí hubo lavado de activos, tiene una presunción muy fuerte sobre la cual sostener su acusación. Y es que ese dinero, como lo han declarado los propios autores desde Brasil, proviene del Departamento de Operaciones Estructuradas que el gobierno de Estados Unidos ha calificado como un departamento de administración de sobornos al interior de Odebrecht. Entonces, el origen ilícito de esos fondos está, en principio, demostrado. Como ha señalado el anterior abogado de Keiko Fujimori, no necesariamente todos los fondos que iban a ese departamento tenía origen ilegal, pero una vez que están ahí y se administran como se administran, se ilegalizan en el transcurso de su destino final hacia el Perú. En segundo lugar, son movimientos de dinero que se han hecho en efectivo y por grandes cantidades. No estamos hablando de mil o dos mil dólares, estamos hablando de decenas y en algunos casos cientos de miles. O millones, como fue el caso de la pareja Humala, donde estamos hablando de tres millones de dólares. Nadie moviliza esa cantidad en efectivo si es que no tiene nada que ocultar, sobre todo cuando hoy día los sistemas bancarios permiten, solamente con mover una tecla, transferir fondos de un lugar a otro.

Un funcionario descubierto en medio de esta investigación es Vicente Silva Checa, quien, hasta hace meses, era un nombre desconocido. Hoy todos sabemos que formaba parte de la cúpula de Fuerza Popular. A usted, como investigador del caso Montesinos, ¿qué reacciones le genera la presencia de Silva Checa en la dirigencia de Fuerza Popular? ¿Cuál cree usted que haya sido su labor en el partido?

Desconocido para esta generación, pero la generación que estuvo atenta a lo que pasó en la investigación anticorrupción de la organización criminal que lideró Fujimori con Montesinos, del año 2000 para adelante, sabe perfectamente que Vicente Silva Checa, conocido como “Chizito”, era una persona vinculada a Calmell del Solar y algunos actores prominentes de Fuerza Popular que hoy están siendo investigados. Él es un abogado muy habilidoso y era considerado como un estratega del fujimorismo y de aquellas operaciones, como la compra ilegal del canal 10 de Cable Canal de Noticias en la que se hizo una transa con algunos millones de dólares en la que él fue un factotum de esa operación. Después desaparece por mucho tiempo y resulta que ahora vuelve a surgir vinculado a asesorías con Fuerza Popular, en medio de esta turbulencia en la que están siendo investigados por una serie de indicios sobre comisiones de delitos al punto que han llevado al fiscal a sostener que dentro del mismo partido habría una organización paralela que tenía fines criminales, como eran estos de buscar testaferros, falsificar documentos y movilizar recursos de origen ilegal para financiar su campaña. Ahí, Silva Checa parece ser que ha jugado un rol importante.

El gobierno de Alberto Fujimori tenía una cúpula, funcionarios de alta confianza y un brazo derecho: Vladimiro Montesinos. Aquí, en Fuerza Popular, también se ha formado una cúpula que dirige a todo el partido desde un punto alto. ¿Usted encuentra similitudes entre ambas organizaciones?

Ahora que la ciencia está discutiendo el diseño genético, yo creo que hay un diseño genético heredado de Fuerza Popular de su inspirador y líder máximo, que fue Alberto Fujimori. La vena autoritaria se ha transmitido en este caso, no por genética –eso es una broma– sino por aprendizaje. Su hija ha crecido al lado de él, ha visto sus maneras, ha visto su forma de gobernar y de tomar decisiones y eso, evidentemente, se aprende y se transmite. Ahora, comparar la organización criminal de Fujimori y Montesinos con lo que es hoy día Fuerza Popular, me parece que es totalmente desproporcionado. No creo que el Perú ha vuelto a ver, después del año 2000 con las investigaciones anticorrupción, una organización criminal que capturó totalmente al Estado.

En el 2000, el Perú rechazó el gobierno autoritario de Alberto Fujimori. Aún así, 16 años después, volvimos a tener un Congreso con mayoría absoluta fujimorista de 73 parlamentarios. Ahora estamos viendo que mucha gente vuelve a manifestar su rechazo contra Keiko Fujimori y contra Fuerza Popular. ¿Usted cree que este rechazo genere un verdadero cambio? ¿O dentro de algunos años volveremos a tener un Congreso mayoritariamente fujimorista?

Esa es la base de mi optimismo. Creo que de esta crisis puede abrirse una gran ventana de oportunidad. Aquí, en CADE, ayer he escuchado algunas frases alentadoras de parte de un empresario emblemático que está promoviendo una iniciativa interesante de cómo hacer negocios con integridad en el Perú. Eso no lo habíamos visto antes. Sin embargo, hay un viejo dicho popular que dice “gallina que come huevo, aunque le quemen el pico”. Y la clase política que tenemos hoy ha demostrado claramente que no está a la altura de ese reto. Del reto del cambio. Con congresistas como Vilcatoma, Becerril, Mamani y todos estos que falsifican documentos y mienten arteramente y después se blindan entre ellos, no podemos avizorar un cambio. Sin embargo, creo que este vacío y esta crisis, esta purga a la que me he referido anteriormente, va a crear las condiciones para que surjan nuevos liderazgos. Políticos distintos. Esa es la parte que yo observo con optimismo y que creo que, en los próximos dos años, vamos a ver con cierta dinámica de cambio en el país.