Casuística de la corrupción

Juan de la Puente
15 11 2018 | 20:36h

“Sesenta y siete gobernadores y exgobernadores están implicados en procesos por delitos de corrupción, en 395 casos, de los cuales solo el 50% ha pasado de la investigación preliminar”.
 

La Fundación Konrad Adenauer y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya acaban de publicar un interesante libro, El círculo de la corrupción en los gobiernos regionales; los casos de Cusco, Ayacucho, Moquegua, Piura y Madre de Dios (KAS-UARM 2018. Lima, Tarea) que recoge una investigación de un equipo dirigido por Eduardo Vega Luna sobre el funcionamiento de la corrupción regional y local.

En el ámbito subnacional se desplegaron redes criminales que se desarrollaron rápidamente debido a la falta de control y a la facilidad con que coparon el sistema de justicia y los medios de comunicación, un ejemplo de lo cual fue la región Áncash en el gobierno de César Álvarez. Este fenómeno interactúa de modo más desembozado con otras modalidades de crimen organizado como la minería y tala ilegales, el narcotráfico y la trata de personas.

En el escenario nacional de la corrupción se registran cambios significativos respecto al número de casos, agrupando en ese título los delitos de peculado, colusión, cohecho, negociación incompatible, malversación y concusión, entre otros. Desde el año 2013 cuando se contabilizaron 2.500 casos, estos han escalado a 35 mil para finales del año pasado, con realidades muy diferenciadas cuando se desagregan los números a escala regional.

Por ejemplo, un grupo de regiones donde las denuncias han sido insistentes en los últimos años no experimenta una gran progresión en el número de casos. Se trata ejemplo del Cusco, donde se ha pasado de 1.611 a 1.732 en ese período, o en Cajamarca, que pasó de 1.012 a 1.139; no es el caso de Áncash donde los casos suman 3.160, el segundo lugar luego de Lima. En la capital, en cambio, los procesos han aumentado en el mismo período de 3.160 a más de 7 mil. Podría señalarse que en la capital se ubican varios casos “nacionales” o que otros fueron trasladados a la Sala Penal Nacional. Siendo todo ello cierto, no deja de tener razón la prevención de que en las regiones se lucha menos contra la corrupción.

En una mirada regional de la corrupción se advierte un panorama distinto respecto a los afectados, que son los municipios, la policía, los gobiernos regionales, los colegios y las universidades. Este cuadro nos devuelve a la realidad que los especialistas denominan la micro corrupción, la menos visible de ella, pero la que probablemente afecta más directamente la vida cotidiana de los peruanos. Esto explica que el 27% del total de casos de corrupción se refieran a municipios distritales, aunque hay otra cifra que merece también ser resaltada: 67 gobernadores y exgobernadores están implicados en procesos por delitos de corrupción, en 395 casos, de los cuales solo el 50% ha pasado de la investigación preliminar.

En la casuística regional asoman algunas realidades trasversales. La primera es la crisis de la contratación regional de obras públicas que el estudio identifica como “un proceso de alto riesgo” que se inicia en la falta de adecuación a los planes de desarrollo, el populismo en las prioridades del plan anual de contrataciones, la falta de calidad de los expedientes y la sobrevaloración inicial de las obras. La recomendación en este punto, ya advertido en otros estudios, es la reforma de los comités de selección, una alerta que ha lanzado también hace poco la Contraloría General de la República.

El estudio trae evidencias sobre el mito de las soluciones empleadas en los últimos años, especialmente la modalidad de administración directa. De hecho, en dos de las regiones estudiadas, la mayoría de obras paralizadas son de esta modalidad, en Cusco 192 y en Ayacucho 31. En este mismo contexto, se advierte la práctica del visto bueno de gastos adicionales que incrementan el costo de las obras o no aplicar las penalidades por los incumplimientos injustificados, ambas irregularidades de la mano de proceso de supervisión que a su vez no es fiscalizado por deficiencia institucional o porque forma parte de la trama corrupta.

Todos estos hallazgos son pertinentes a pocas semanas del inicio de nuevas gestiones regionales y locales que deberían tener desde su primer tramo políticas anticorrupción eficaces.

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