La CIDH en Lima

Una visita en un momento crucial para los derechos y libertades.

Una visita en un momento crucial para los derechos y libertades.

Ha sido poco difundida la reciente visita de la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encabezada por su presidenta Margarette May Macaulay y por el Relator-País para el Perú, el comisionado Joel Hernández García, en el marco de una gira sudamericana.

La CIDH ha tomado contacto en Lima con las autoridades y la sociedad civil. Una de las reacciones más saltantes de la misión ha sido su respaldo a las reformas en el sistema de justicia para hacer más eficaz la lucha contra la corrupción y la vigencia de los DDHH. La misión ha tenido un especial interés en la agenda de los derechos de la mujer y los pueblos originarios. May Macaulay es también es Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la CIDH.

También se ha reunido con la Coordinadora Nacional de DDHH, el Pacto de Unidad de Organizaciones Nacionales de Pueblos Indígenas del Perú y líderes de las comunidades afectadas por las actividades extractivas.

La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano; en ese contexto he tenido un desempeño excepcional en la defensa de los DDHH y de la democracia en los años noventa. Gracias a sus múltiples resoluciones y gestiones entre los años 1996 y 2000 se pudo dar forma a la campaña internacional sobre las violaciones a la legalidad en el Perú y al intento de retiro de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de DDHH que impulsó el gobierno de Fujimori y Montesinos. Luego, en los últimos años, ha sido una institución fundamental en la defensa de la libertad de expresión en el Perú y en el hemisferio, y las demandas del derecho a la justicia y reparación de las víctimas de las violaciones de los DDHH en nuestro país.

Hace tres semanas, antes de la realización de su visita programada al Perú, el Instituto de Defensa Legal (IDL) solicitó a la CIDH medidas cautelares de protección para garantizar la integridad del fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez y su familia. Este pedido se sustentó en que el Estado peruano había cometido violaciones en contra de la labor del fiscal en el marco de las investigaciones del Caso Cocteles.

Como se sabe, esta hostilidad hacia el fiscal Pérez y otros fiscales que intervinieron en el descubrimiento de la red de corrupción Los Cuellos Blancos se ha agravado; en el caso de Pérez, se ha desatado una campaña mediática en su contra combinada con amenazas que provienen del mismo fiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarry, quien en una reciente entrevista señaló que podía retirar al fiscal de este caso en cualquier momento.

Otros fiscales han sido objeto de cambios arbitrarios y de cese de sus funciones, en medio de un carnaval de resoluciones que intentan acomodar las investigaciones a los deseos políticos de la Fiscalía de la Nación, por lo que ha sido muy conveniente que la misión de la CIDH haya tomado contacto con los magistrados que tienen en sus manos la delicada tarea de la lucha contra la corrupción.

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