Keiko Fujimori: Momento de decisión

La República
22 Oct. 2018 | 21:00h

Keiko Fujimori y otros imputados deben estar cavilando acerca de la conveniencia de revisar su estrategia negacionista. Un camino es negociar. El otro, esperar a que la Corte Suprema defina. ¿Cara o sello?

En una audiencia del domingo 21, las defensas de Keiko Fujimori y de los imputados por aportes supuestamente ilícitos a Fuerza Popular, demostraron que el Ministerio Público no presentó elementos necesarios para su defensa. Habrá otra sesión a media semana. El juez Richard Concepción Carhuancho, cuya recusación aún no se resuelve, decidirá si otorga los 36 meses de prisión preventiva que solicitó el fiscal José Domingo Pérez. Pudiera ser que Concepción, fiel a su línea de mandar a prisión a imputados con poder, conceda la medida cautelar solicitada. También se podría repetir lo que pasó con la solicitud previa (de prisión preliminar), que fue revocada por una sala de apelaciones.

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Tres condiciones

Como se sabe, deben concurrir tres factores para enviar a prisión a un investigado. Que haya una prueba suficiente, que la prognosis de pena sea mayor de cuatro años, y que el imputado en libertad pudiera entorpecer la acción del sistema judicial, sea por maniobras o fugando. De estas tres condiciones solo la última favorece a Keiko en el extremo del peligro de fuga, pues no solo tiene arraigo –familia y obligaciones políticas, entre otros vínculos– sino una conducta convincente. En el 2000, su padre escapó del país y ella no, pese a que podía ser investigada por posibles ilícitos, como en efecto ocurrió.

En cuanto a la obstrucción de las investigaciones, si bien es cierto que siempre estuvo a disposición del Ministerio Público, no puede dejar de considerarse el enorme poder que tiene sobre la justicia como jefa de la bancada mayoritaria, cuya actuación en el punto, como han demostrado los chats revelados por IDL Reporteros, estaría en función de sus intereses inmediatos. Fuerza Popular puede mantener o remover al Fiscal de la Nación, o influir sobre este para actuar sobre quienes la investigan. Añádase la conducta agresiva de esta bancada, al punto de que Keiko misma opinó el fin de semana que debiera tener una actuación más constructiva. Un tribunal podría pensar que con ella en libertad existe un riesgo alto de que el sistema judicial pudiera ser obstaculizado.

El factor Hinostroza

Sin embargo, en el requerimiento ante el juzgado, la fiscalía no incluyó los chats (fueron difundidos el viernes por la noche) sino testimonios sobre la relación entre el vocal supremo César Hinostroza y Fuerza Popular. Según la hipótesis, Hinostroza quería que el partido compartiera su aspiración de presidir el Poder Judicial, y Keiko buscaba ayuda en un recurso de casación sobre una investigación de lavado de activos que la involucraba. Es previsible que el juez Concepción apoye esta idea y quizá la avale un tribunal superior. La semana pasada, para considerar la prisión preliminar la sala de apelaciones no llegó a tomar en cuenta las razones del Ministerio Público. Rechazó el pedido por falta de motivación. El juez, dijo, no había desarrollado su criterio sino que simplemente copió el de la fiscalía.

En lo tocante a los indicios el fiscal José Domingo Pérez ha hecho su tarea: documentos, testigos bajo reserva y colaboradores eficaces permiten asociar razonablemente a los confesados aportes de Odebrecht con un sistemático ocultamiento de los mismos. Con un detalle que ya fue advertido por la prensa y que es fácil deducir de la lectura del documento, cuando señala que Rolando Reátegui recibió instrucciones de los asesores de Keiko, Ana Herz y Pier Figari, para ocultar cien mil dólares. El testigo protegido que describe la escena no sería otro que el mismísimo congresista.

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Dos posibilidades

Esto lleva a preguntarse hasta qué punto quienes recibieron directamente el dinero de Odebrecht según la imputación de la fiscalía van a mantener su negación hasta las últimas consecuencias. Ellos son Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya. La pregunta puede aplicarse también a la tesorera del partido, Adriana Tarazona, una mujer mayor que fue nombrada directamente por la jefa de Fuerza Popular. ¿En qué medida sostendrán una versión que con el paso de las audiencias –esto es, ante la mirada pública– se arrastrará por los suelos? No es seguro que Keiko y el resto de imputados sigan la misma estrategia legal.

A Keiko se le abren dos posibilidades. La primera, negar hasta el final haber admitido aportes de Odebrecht, a la manera de Ollanta Humala y Nadine Heredia, bajo la expectativa de que si los jueces llegaran a convencerse de que efectivamente los recibió, sean indulgentes porque, al fin y al cabo, eran recursos para una campaña electoral. Habría infracción a las normas previstas en la ley de organizaciones políticas. Hay quienes sostienen que, aún en las condiciones específicas de Keiko, el ocultamiento de contribuciones económicas solo acarrearía sanciones administrativas. Es claramente la tesis de la defensa de los Humala: si se probara que recibimos, no es pecado. Sin embargo, no todos los juristas piensan lo mismo, y tampoco es seguro que un tribunal se compre la teoría.

¿Media vuelta?

El abogado Roberto Pereira, para mencionar a uno de quienes piensan lo contrario, escribió hace más de un año en El Comercio un artículo en el que explica por qué la comprobación de un monto elevado de aporte no declarado, sin documento entre las partes, en efectivo y sin controles institucionales, puede llevar a una incriminación por lavado de activos (¿Aporte de campaña o delito?, 27.02.17). Si la apuesta por esta vía sale mal, el resultado es prisión de diez a veinte años. Y en el mejor de los casos, un enjuiciamiento de por lo menos siete años.

La segunda posibilidad es que Keiko Fujimori, dando media vuelta, abandone la versión negacionista y admita los aportes de campaña, planteándole un acuerdo al Ministerio Público. El costo de esta opción podría ser el fin de su carrera política. A cambio, buscaría resolver todas sus controversias con la justicia en poco tiempo. Sería una medida audaz y difícil, porque la fiscalía negociará a partir de que hubo delito de lavado de activos.

Al considerar la idea, César Nakazaki, uno de los abogados de Humala, dijo que negociar con la fiscalía no conducía a nada, porque simplemente no existía delito. El ex procurador Luis Vargas Valdivia afirmó: “Decir la verdad siempre conviene porque si te prueban lo contrario es peor”. Un tercer penalista, César Azabache, dijo que habría que esperar a que la Corte Suprema defina mejor los alcances del lavado de activos en cualquier casación, para luego decidir si convenía negociar.

Todo esto pensando en Keiko. Los intermediarios, sin embargo, pueden tener un razonamiento distinto para negociar. Es el que se hizo Rolando Reátegui. Pues ellos no tienen carrera política por delante y ya están en la setentena. De todos modos no dejaría de ser una sorpresa.