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Política

Eloy Espinosa-Saldaña: “Tiene que haber algún nivel de regulación de la publicidad estatal”

La Republica

Nulidad de la ‘Ley Mordaza’. Eloy Espinosa-Saldaña, Magistrado del Tribunal Constitucional, dijo creer que se presentará una demanda contra la norma aprobada en el Congreso que favorece la excarcelación de Alberto Fujimori.

El magistrado del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa-Saldaña explica en la siguiente entrevista las razones que llevaron a dicho organismo a declarar nula la “Ley Mordaza”, que prohibía al Estado la contratación de publicidad en medios privados. Además, dijo creer que se presentará una demanda contra la norma aprobada en el Congreso que favorece la excarcelación de Alberto Fujimori. “Es muy probable, sin duda, que eso ocurra”, señaló. 

Aunque no se ha podido leer el fallo aún, el Tribunal Constitucional anunció que la ley que prohibía al Estado la contratación de publicidad en medios privados ha sido declarada nula, por seis votos contra uno. ¿Cómo llegaron a esa conclusión?

Lo primero que le quiero explicar es por qué el fallo todavía no ha sido publicado. Una vez que se vota y se fija un sentido, los magistrados tienen hasta siete días hábiles para alcanzar o votos singulares o fundamentos de voto, que son matices sobre la sentencia emitida. El plazo es hasta el 22.

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Ha habido un solo voto singular.  

Hay un solo voto singular (el de la magistrada Marianella Ledesma), pero casi todos tenemos fundamentos de voto. Cada quien va a querer explicar sus propios criterios en la deliberación.

¿Por qué fue que terminaron considerando de que se trata de una ley inconstitucional?

Lo primero que se discutió fue que esta ley no iba en la lógica de una regulación sino de una prohibición.

Había excepciones para poder contratar espacios.

Muy pocas excepciones. Y la pregunta era si eso perjudicaba algunos derechos fundamentales, como el del acceso y generación de la información. Y también hay otros temas, como el derecho a contratar…

De manera lícita.

Exactamente. Si restrinjo de manera desproporcionada la capacidad de contratar, en este caso del Estado, también estoy perjudicando derechos. Y había otras cuestiones en la norma. Por ejemplo, si había la necesidad de contratar publicidad de manera excepcional, había que hacerlo a través de un decreto de urgencia y no, como corresponde, mediante un decreto supremo. Y un punto adicional, muy delicado, era el siguiente: si yo disponía de fondos públicos para publicidad estatal, se me podía acusar de malversación. Y no se puede privar a nadie de su libertad, si es que el delito no se encuentra debidamente tipificado.

Una ley muy mal hecha, ¿no es cierto?

Yo no puedo opinar sobre eso. En el TC nos corresponde ver si el proyecto transgrede o no la Constitución. A nosotros no nos toca evaluar la conducta del Congreso.

Se lo digo porque, como está explicando ahora, hallaron varios problemas en el contenido de la norma.

Y había otro problema importante, sobre el que estamos haciendo una invocación en la sentencia. Tiene que ver con el procedimiento y las competencias para aprobar las leyes.

¿Lo dice porque se trató de una norma que se aprobó rápidamente?

Así es. Cabe hacer procedimientos rápidos, pero deben ser las excepciones. La naturaleza del Congreso es la deliberación para tomar decisiones, ya sean leyes, ya sea para destituir a funcionarios. La regla debe ser el debate, la discusión, el intercambio de opiniones. Por eso, se está haciendo una invocación para que se tome en cuenta eso como una pauta general.

Se esperaba una votación más cerrada. Incluso se especuló, desde días antes, con el resultado. ¿Cómo fue el proceso de decisión?

Para declarar la inconstitucionalidad se requiere la mayoría calificada, es decir, de 5 votos.

Y llegaron a seis.

Así es. Pero los magistrados intercambian puntos de vista, buscan acercar posiciones. Y es que conversar no es un pecado ni un delito, es una necesidad. O sea, nos hemos olvidado que sin buscar acuerdos nos dirigimos hacia una situación de confrontación que a poco bueno lleva. En este tema se hizo el esfuerzo para arribar a consensos, más allá de las diferencias entre nosotros por varios otros asuntos. Hay que saber procesar las diferencias.

¿Sintieron algún tipo de presión?

Yo no siento como presión que la gente dé su punto de vista. Se han dado contextos en los que sí se ha tratado de condicionar nuestra actuación, pero no hemos cedido. Y ya en este caso particular, no he visto ninguna presión a ninguno de mis compañeros.

¿Están sugiriendo alguna forma de regulación?

Partamos de algo fundamental: nadie dice que no exista alguna regulación del manejo de fondos públicos en general y de la asignación de publicidad estatal en particular. Finalmente, de lo que estamos hablando es de dinero que se genera por todos los ciudadanos…

Y que tiene que ser gastado con eficiencia.

Efectivamente, y tiene que haber algún nivel de regulación. Lo que se está planteando son algunos criterios que no deberían perderse de vista para contratar publicidad. ¿Cómo plasmarlos? Ya es competencia de los legisladores, eso ya no nos corresponde decirlo. La conclusión, en todo caso, es que hay mejores alternativas para poder proteger los fundos públicos que la prohibición, porque esta no permite que la gente conozca en detalle las políticas públicas y pueda decidir su actuación frente a ellas.

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Mauricio Mulder dijo que no esperaba otra cosa de ustedes y que ya están de salida. Los quiere.

Si alguien quiere hacer críticas, eso es parte del negocio. Ser juez y, encima, ser juez constitucional no es formar parte de un concurso de popularidad. Lo que uno tiene que hacer es, con prudencia, pero con energía, decidir para garantizar que los derechos de los ciudadanos no se vean afectados.

¿Cuándo el Estado podría empezar a contratar publicidad de nuevo?

El 22 debe estarse publicando la sentencia y, al día siguiente, ya la norma es nula, es decir el 23. Porque lo que hay que decir es que nosotros no hemos declarado inconstitucional un artículo o dos de la ley, la hemos declarado toda inconstitucional. La norma va a salir del ordenamiento jurídico y va a dejar de existir. Eso implica, desde luego, que hay que dictar una regulación a la brevedad.

Le cambio de tema. ¿Cree que la ley aprobada en el Congreso, que favorece la excarcelación de Alberto Fujimori, llegue a ustedes para su evaluación constitucional?

Es muy probable, sin duda. La ley ya fue enviada al presidente para su promulgación u observación y en ese caso el Congreso puede aprobarla por insistencia. A partir de ahí ya corre el plazo para la presentación de una demanda de inconstitucionalidad, que puede ser presentada por el propio Ejecutivo, o los ciudadanos. Si es así, se seguirá el proceso y se programará una audiencia. Lo que quiero decir es que, de ser cuestionada, nuestro pronunciamiento no será de inmediato.

Sáqueme de una duda.

De acuerdo.

Y no hablo de esta ley en particular. ¿Las leyes con nombre propio son constitucionales?

A ver. La lógica de una ley es que tenga una pauta de generalidad, o que por lo menos abarque a un grupo humano en particular.

Bueno, un grupo humano puede estar conformado por dos o tres personas.

Eso es interesante. Puedo hacer leyes de promoción a personas que realizan actividades en zonas de frontera, aunque la vocación de una norma es que trascienda a una persona, que tenga una vocación general y no sea excluyente.

¿Y si es solo una ley para un grupo particular?

Tiene que estar debidamente justificado por qué se hace un trato diferente a un grupo. Las razones tienen que ser suficientemente válida. Porque si el trato fuese discriminatorio, ahí sí estaríamos en un supuesto de inconstitucionalidad

Es decir, y para volver sobre la ley aprobada en el Pleno, evaluarían si incurre en discriminación o no.

En efecto, en esa o en cualquier ley que se centre en un grupo humano. Lo que se plantea en esta norma son beneficios para personas de cierta edad, para ciertos delitos y para ciertas condiciones. No voy a entrar en detalles sobre su contenido. Pero si el caso llegara al TC, supuestamente quien presente el caso planteará dos cosas que son usuales en este tipo de demandas. Se pedirá evaluar si se están violando derechos e incumpliendo responsabilidades asumidas a nivel nacional e internacional y si se ha seguido el procedimiento y han actuado los órganos competentes para la promulgación.

¿Cuándo van a emitir la sentencia sobre la cuestión de confianza?

Ya se hizo la audiencia y esto no debería pasar más allá de la primera semana de noviembre. Se nos ha planteado el cuestionamiento de un reglamento del Congreso, ya vigente, donde se argumenta que se ha distorsionado el mecanismo de la cuestión de confianza. Eso lo vamos a tener que definir.

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También está en discusión el concepto de crisis total del gabinete.

Así es, si un ministro de un gabinete sin confianza podría repetir en el nuevo gabinete, en otro ministerio. Según el reglamento vigente del Congreso, no se podría. Eso también lo tendremos que definir, a la brevedad.

Pero este tema está siendo incluido en el referéndum, en la reforma de la bicameralidad. ¿No complica eso todo?

El referéndum es en diciembre y nosotros, por plazos, vamos a resolver antes. El TC ve los casos que le llevan.

¿Ya van a resolver lo de las pensiones policiales y militares?

Eso también ya tuvo audiencia. Lo que ha planteado la ley del Congreso es que los militares y policías jubilados ganen lo mismo que los que siguen en actividad.

Es la lógica de la cédula viva.

Efectivamente. Lo que se ha planteado en la demanda es que los requerimientos del personal policial y militar en actividad no son los mismos del personal jubilado y tampoco son los mismos riesgos. Y también se ha hablado de la imposibilidad de que la caja fiscal pueda cubrir esa obligación. En este mes debe estarse resolviendo.

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