¡Alerta!

Que la corrupción no se imponga en la Fiscalía.

Que la corrupción no se imponga en la Fiscalía.

En las últimas horas, el Ministerio Público es objeto de un operativo para encubrir el delito, protagonizado por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quien ha decidido golpear desde dentro el mandato del Ministerio Público de perseguir el crimen y defender la legalidad.
Chávarry lleva a cabo una carrera contra el tiempo para salvar al fujimorismo y sus aliados, una coalición de la que es parte cada vez de modo más abierto, la que hace unas horas impidió que sea procesado en el Congreso en atención a sus varias infracciones, esencialmente la acusación que recae sobre él de ser parte de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos de Puerto’.

El hecho más indignante de esta desembozada protección del delito es el cese de la fiscal adjunta Erika Delgado, del equipo del fiscal José Domingo Pérez. Esta fiscal se enteró de su destitución cuando se dirigía a realizar un allanamiento relacionado con el caso Lava Jato.
Delgado Torres es una magistrada cuyo desempeño es decisivo en las investigaciones que involucran a los personajes políticos y con poder, como el caso de los aportes irregulares que habría recibido Fuerza Popular en la campaña electoral del 2011 de parte empresa Odebrecht. La fiscal estuvo a cargo de importantes interrogatorios a varios líderes apristas y ha trascendido que se preparaba recoger el testimonio del expresidente Alan García.

Como sabe, el equipo que dirige el fiscal José Domingo Pérez, que esta semana solicitó la detención preliminar de Keiko Fujimori y otras 19 personas implicadas en el presunto delito de lavado de activos, es el objeto de las iras de líderes de Fuerza Popular y el Apra desde hace varios meses, a tenor de sus declaraciones y pronunciamientos en las redes sociales.
En ese contexto, es explicable que Chávarry haya procedido a cesar a Delgado Torres sin consultar a José Domingo Pérez o al fiscal Rafael Vela Barba, coordinador de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio.

El compromiso del fiscal de la Nación con los políticos investigados por lavado de activos y crimen organizado es más que obvio. Una muestra de ello es su silencio respecto de las diligencias realizadas desde el pasado miércoles a petición de la Fiscalía contra Keiko Fujimori y otras personas, al punto de que las cuentas del Ministerio Público en las redes sociales, en otros casos prestas a informar de decisiones judiciales por solicitud de la Fiscalía, enmudecieron completamente. Este silencio se diferencia notoriamente del respaldo que el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, brindó rápidamente al juez Richard Concepción Carhuancho.

Es necesario que esta alerta se transforme en una movilización activa y democrática de la opinión pública. El delito no puede apoderarse del Ministerio Publico; ante el endurecimiento a rostro descubierto de las prácticas protectoras de la corrupción, los fiscales de todo el país, en especial los fiscales decanos, fiscales superiores o las juntas de fiscales, tienen la palabra. La corrupción no puede adueñarse de la Fiscalía. 

Chávarry es el principal enemigo del Ministerio Público.

Te puede interesar


CONTINÚA
LEYENDO