Un caso sólido

Editorial
10 Oct 2018 | 20:40 h

La detención de Keiko Fujimori y el largo rastro del financiamiento ilegal de la campaña electoral del año 2011.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue detenida preliminarmente por diez días, por orden del juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, a pedido del fiscal José Domingo Pérez que investiga a Fujimori y a varios miembros de FP por financiamiento ilegal de su campaña electoral del año 2011.

La resolución judicial que involucra a una veintena de personas indica que existe grave peligro de fuga de Fujimori, y considera que ella formó dentro de su partido una organización criminal que tenía entre sus fines obtener el poder político, un grupo tiene influencia e interferencia en el Congreso y en el Poder Judicial, un cargo grave que no puede dejar de relacionarse con los enjuagues de la cúpula fujimorista con el vocal supremo, César Hinostroza, el blindaje del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y el despliegue de la mayoría parlamentaria para blindar a su lideresa de los cargos por lo que es investigada.

En ese contexto no es extraño que luego de casi dos años de trabajo, la comisión Lava Jato del Congreso, presidida por la legisladora fujimorista Rosa Bartra, no haya encontrado razones para encausar a Fujimori, en cuyas comparecencias fue tratada con guantes de seda, mientras se hacía escarnio de periodistas y medios.

Si el Congreso no encontró un caso, la fiscalía si lo hizo, y con evidencias sólidas. La resolución judicial rescata el hallazgo de la fiscalía, es decir, la suplantación de 114 personas como aportantes del partido fujimorista, cuyos “aportes” superan los 600 mil dólares. Varias de estas suplantaciones ocurrieron en la región de San Martín y a eso obedece que varias personas cuya detención se ordena provengan de ese territorio.

El caso del financiamiento ilegal de la campaña fujimorista del 2011 existe, es consistente, y la revelación de sus interioridades fue un afán de la prensa independiente, desde ese mismo año. Este diario ha documentado graves irregularidades en los llamados “fujicocteles”, la rendición de cuentas de la campaña fujimorista ante los organismos electorales y los hallazgos de la fiscalía. Ayer mismo se supo que en este caso, el Ministerio Público confirmó que el ex secretario general de Fuerza Popular (antes Fuerza 2011) Jaime Yoshiyama y el ex representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, sostuvieron conversaciones telefónicas en el marco de la campaña presidencial de Fujimori.

La reacción de los voceros de Fuerza Popular ha superado los límites de la adhesión comprensible a su lideresa. Las menciones a que la detención por 10 días de Fujimori es un golpe de Estado no solo son jaladas de los cabellos, sino que confirman el uso prepotente e irresponsable del poder para favorecer intereses privados. Los voceros del mismo partido que el año pasado alababa al juez Concepción Carhuancho por sus decisiones en otros casos, se transforman en portavoces alarmistas de increíbles tramas conspirativas que no hacen más que confirmar que el caso existe y que las evidencias también.