Cuestión de desconfianza

La República
24 M09 2018 | 16:00h

¿Por qué aún no se aprueba el proyecto que autonomiza la Autoridad Nacional de Transparencia? Una larga historia. Reuniones en Palacio de Gobierno y en el MINJUS. En el MEF y la PCM deshojan margaritas.

Un proyecto para hacer viable la transparencia estatal es digerido por el Poder Ejecutivo. El Ministerio de Justicia lo anunció públicamente y en privado lo ha respaldado el presidente Martín Vizcarra. Establece que la Autoridad Nacional de Transparencia, hoy un simple organismo de línea, adquiera autonomía técnica, funcional, económica, administrativa y financiera, para decidir controversias en la entrega de información pública. Dictaría políticas sobre la materia, entre otras atribuciones. El gobierno no decidiría qué información debe o no ser de conocimiento de los ciudadanos. Esto ha sido así desde que la ley fue aprobada, en 2003, y quienes piden información son obligados, cuando la respuesta es negativa, a sobrellevar un juicio en todas las instancias del Poder Judicial.

La única solución contra el cuello de botella era constituir una autoridad que sin pedirle permiso a ningún ministro entregara la información solicitada de acuerdo con los cánones de la Ley de Transparencia, según los cuales todo es público salvo contadísimas excepciones por asuntos de seguridad nacional, o por intimidad personal, o por afectación de procesos de negociación estatal en curso que requieren reserva hasta que concluyan. Pero ningún gobierno quiso hacerlo. Adornándose con una falsa transparencia, simplemente porque existía una ley con ese apellido, transcurrieron los regímenes de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. ¿Por qué? Siempre se consideró que hacer efectivo este derecho constitucional era darles armas a los adversarios políticos de una administración.

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Razones técnicas

Pero este argumento, la razón de fondo, jamás llegó a ser esgrimido en un Consejo de Ministros. Antes, los tecnócratas de cada uno de estos gobiernos oponían “razones técnicas”. La más socorrida era que crear una Autoridad Autónoma inflaba el presupuesto del Estado para un beneficio no comprobado. Otra razón era que el empoderamiento de una cúpula de la transparencia en el Estado le daría un poder inmanejable. ¿Para qué poner en riesgo información económica sensible? ¿O militar? Al final, la tecnocracia fue la que se opuso para tranquilidad de los gobernantes, quienes no estuvieron forzados a poner sobre la mesa su idea de que no convenía armar a los enemigos.

Sin embargo, cada vez que el tema del avance de la corrupción y la necesidad de la transparencia era analizado, aparecía la conclusión de que sin una autoridad autónoma que hiciera cumplir la ley no habría avance posible. En el gobierno de Ollanta Humala, por ejemplo, prendió la iniciativa de que el país formara parte del club de naciones que tenía “Gobierno Abierto”, estatus para acceder al cual se requería un diagnóstico, un plan, y un proceso de cumplimiento del mismo que tuviera acompañamiento de la sociedad civil. Cada gobierno, pues, tenía que hacer su tarea. En el Perú se hizo todo, incluso el plan, cuyo punto primero era crear la famosa autoridad autónoma. Como Ollanta (o Nadine, quién sabe) no quisieron aprobarla, el Perú tuvo que renunciar a sus aspiraciones de entrar al club de los transparentes. Fue retirado del proceso y nunca más volvió.

En el MINJUS

Con Pedro Pablo Kuczynski la cosa parecía segura porque el tema de la autoridad autónoma estaba en su plan de gobierno. Cuando asumió, en sus primeras semanas el escándalo de su asesor –el médico Carlos Moreno, quien desde su posición pretendía hacer negociados con el SIS– lo obligó a crear la Comisión de Integridad, a la que pidió propusiera reformas. La primera recomendación fue introducir la máxima transparencia en el Estado, y concretamente crear una autoridad con la autonomía y poder necesarios. Como sabemos, PPK no la creó.

Sin embargo, desde el Ministerio de Justicia la ministra Marisol Pérez Tello creó una comisión de expertos para que, de una vez por todas, diseñara el organismo que, por fin, comenzaría a hacer realidad la transparencia. Es emocionante escuchar ahora los testimonios de dichos desengañados expertos. Una vez listo el proyecto, fue llevado a la Presidencia del Consejo de Ministros, a cargo de Fernando Zavala. Allí murió.

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Lo que el gobierno creó –contra la idea de Pérez Tello– fue una autoridad nacional mostrenca y sin poder. Por entonces hubo una conferencia de prensa en la que los integrantes de la Comisión de Integridad, el Consejo de la Prensa y el Instituto Prensa y Sociedad alertaron sobre el engaño que significaría dar gato por liebre en un menú tan importante. No sirvió de nada.

De modo que en julio pasado, cuando el presidente Vizcarra anunció un combate frontal contra la corrupción, nada parecía más natural que sugerirle predicar con el ejemplo, y que así como pedía hacer su tarea al Congreso y al Poder Judicial, permitiera la máxima transparencia en el Poder Ejecutivo y en todo el sector estatal. Así como pedía urgencia al resto, esta reforma postergada también era urgente. Con esta idea el IPYS y el Consejo de Prensa hablaron con el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, en el despacho de este, el pasado 4 de agosto. Allí se reveló una grata noticia: parecía que Zeballos había pensado lo mismo. De inmediato se creó un grupo de trabajo para que, sin mayor demora, alistara el proyecto de la autoridad autónoma. No había mucho que hacer, porque estaba listo desde el 2017.

En Palacio

Hubo una segunda conversación en el despacho de Zeballos, en la que el Director Nacional de Transparencia, Eduardo Luna, esbozó los cambios. Y luego incluso hubo una reunión en Palacio de Gobierno entre el CPP y el IPYS con el presidente Vizcarra. Allí se escuchó a este decir:

– Estoy comprometido con la lucha contra la corrupción y este proyecto será un hecho.

Lo siguiente fue la publicación del proyecto por el MINJUS, el 28 de agosto. El proyecto está siendo masajeado en el MEF y la PCM, y el gabinete aún no lo aprueba, antes de enviarlo al Congreso. Quizá ocurra antes del Día Internacional del Acceso a la Información Pública, el 28 de setiembre (¡habrá un acto público!). Quizá no. Vizcarra está de viaje. Sería paradójico que un presidente que acaba de ganarle a pulso al Congreso una cuestión de confianza para llevar a referéndum medidas anticorrupción, exigiéndole celeridad máxima, pudiera quedar enredado por objeciones burocráticas dentro de su propio gobierno. El principal obstáculo para la transparencia estatal no está en Fuerza Popular, ni en el APRA, ni a fuerzas oscuras. Cuando gobernaba PPK y la comisión de expertos fue al Congreso, a todos los grupos políticos les pareció una reforma necesaria y los alentaron. La resistencia está en la tecnocracia. Ella hace una cuestión de desconfianza con una norma que sacaría los documentos de interés público a la calle.