Tres juezas resuelven

La República
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Un hábeas corpus para defender a los migrantes venezolanos. Dos amparos para inaplicar la ley que pisotea el derecho a la información. Tres inminentes resoluciones judiciales que pueden hacer historia.

En las próximas semanas tres juezas resolverán recursos constitucionales ante la posible afectación de derechos por normas de poderes del Estado. Ya fueron objeto de amplio debate público. Una la dio el Congreso: la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados. Otra, el Poder Ejecutivo, al imponer restricciones para el ingreso al Perú de venezolanos que huyen de la crisis humanitaria de su país. Contra la primera norma actuaron la Caja Arequipa, una financiera municipal, y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) una ONG de periodistas (*). Contra la segunda, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. No es seguro, aunque sí previsible, que los juzgados decidan la inaplicación de las disposiciones objetadas. En ese caso, el Poder Judicial demostrará que puede restablecer el orden constitucional en forma oportuna.

Demandas al voto

El recurso del IPYS merece una explicación desde que hubo otras acciones legales con el mismo objetivo presentadas previamente. Así, el Poder Ejecutivo y un grupo de congresistas plantearon sendas demandas ante el Tribunal Constitucional, que tiene plazo hasta mediados de octubre para resolver, (aunque podría excederlo, como en otras ocasiones). Los expedientes, acumulados en un solo caso, han quedado al voto.

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En una audiencia pública los impugnantes ante el TC explicaron la afectación de varios derechos constitucionales que causaba la ley. Destacaron que se imponían al pueblo limitaciones para acceder a información pública, dada la escasa audiencia del internet y de los medios estatales. Además, se discriminaba a los medios de comunicación privados, impidiéndoles contratar con el Estado, a diferencia de otro tipo de proveedores. Estas razones también son alegadas, con distinto énfasis, en los recursos de amparo planteados en Lima y Arequipa por el IPYS y la caja municipal. La diferencia es que en estos dos últimos casos la acción proviene de quienes representan a litigantes directamente afectados por la ley.

Los dos caminos

La Constitución señala a los legitimados para presentar acciones ante el TC: el Presidente, el Fiscal de la Nación, la Defensoría del Pueblo, un 25% de congresistas, los presidentes de región, los colegios profesionales, cinco mil ciudadanos. Estos últimos pueden como no estar afectados por la ley que pretenden inhabilitar. Los agraviados directos tienen más expedito el recurso de amparo. Es presentado ante un juzgado constitucional y finaliza, en segunda instancia –en caso de apelación– ante una Corte Superior.

Al actuar ante el TC los demandantes atacan una norma desde perspectivas más amplias. En la audiencia pública del 24 de agosto, en Arequipa, los alegatos no solo incidieron en los derechos constitucionales supuestamente conculcados sino en otros aspectos cuestionables. Fue recusado el procedimiento exprés, irregular que siguió el proyecto de ley en el Congreso. Por otro lado, el Estado arguyó que estaba atado de manos para cumplir con su obligación de rendirle cuentas a la gente. En el recurso de amparo, en cambio, el actuante debe ante todo justificar su legitimación como parte afectada.

Votación desconocida

En los dos casos mencionados esta violación directa salta a la vista. La Caja Arequipa, como institución de crédito abierta, necesita publicar anuncios de índole comercial en medios privados para poder cumplir con sus fines. Su demanda, admitida por la jueza Karina Apaza en agosto pasado, señala que la ley limita de manera grosera su derecho a la libertad de empresa, al no tener la posibilidad de promoción e intercambio de servicios entre ella, como acreedora, y sus deudores. El IPYS, por su parte, se legitimó como representante de los ciudadanos que vieron afectado su derecho de acceso a la información pública. Su demanda, admitida por la jueza Elizabeth Salas, del Segundo Juzgado Constitucional de Lima, está basada en la insatisfacción del derecho a la información, y en la desigualdad generada por la norma. Una parte de ciudadanos, los conectados al internet y a las redes sociales, podrán recibir la información estatal divulgada en esos espacios. Los desconectados no.

¿Por qué entablar un recurso de amparo cuando ya existía una acción de inconstitucionalidad? En primer término porque no es seguro que el TC descalifique la ley. Podría no obtener la mayoría necesaria para hacerlo: de siete miembros se requieren cinco votos para hacer sentencia. Con tres magistrados renuentes o en contra se crearía un limbo jurídico que prolongaría la vigencia de la denominada Ley Mulder. La segunda razón es que el Poder Judicial está llamado a defender los derechos del ciudadano. Ahora, con los recursos planteados, no puede dejar de pronunciarse. Por razones especiales hubo una actuación primera del TC, pero debió ser al revés.

Venezolanos en el Perú

La tarde del viernes 7 de setiembre, la jueza constitucional Celia San Martín admitió un hábeas corpus dirigido a dejar sin efecto el decreto supremo que impide el ingreso al Perú de ciudadanos venezolanos que no cuenten con pasaporte. Lo suscribieron directivos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos contra los firmantes de la norma, el ministro del Interior, Mauro Medina, y el Superintendente Nacional de Migraciones, Eduardo Sevilla. Los demandantes hacen ver que el dispositivo ha violado una serie de derechos protegidos por la Constitución, siendo el más visible el de libertad de tránsito. Como en Venezuela el proceso de entrega de pasaportes está detenido, y no pueden obtenerlo los menores de edad, quienes huyen de la crisis en ese país ven afectado su derecho al libre tránsito. La situación es discriminatoria –otra trasgresión humanitaria– y desconoce las garantías debidas a los niños y adolescentes.

Al admitir la demanda, la jueza San Martín dispuso una sumaria investigación, tras lo cual está a punto de pronunciarse.

El impacto posible

Tenemos, entonces, que tres juezas podrían producir virajes sustantivos en materias de enorme trascendencia. El Congreso, arguyendo un defecto de forma, devolvió la demanda de Caja Arequipa a la jueza Apaza, quien lo ha vuelto a notificar. Caja Arequipa ha pedido suspender la norma mientras se resuelve la cuestión de fondo, algo que igualmente hará el IPYS. De modo que el desenlace está cercano. En cuanto al hábeas corpus, también de pronta resolución, hay que destacar que el organismo de derechos humanos que la planteó, tradicionalmente influido por la izquierda, demuestra que se puede defender a las víctimas de Nicolás Maduro con la misma energía que a las perjudicadas por abusadores de distinto signo político. Eso es algo refrescante. El sectarismo en las ONG peruanas es el peor aliado de sus buenas causas.

Director Ejecutivo del IPYS.