Opción de cuestión de confianza toma fuerza en el Gobierno

Contrapesos. En un choque político en donde ya asoman las cartas de la vacancia presidencial versus la del cierre del Congreso, el Ejecutivo evalúa los caminos para sacar adelante las reformas ante el bloqueo fujimorista.

Contrapesos. En un choque político en donde ya asoman las cartas de la vacancia presidencial versus la del cierre del Congreso, el Ejecutivo evalúa los caminos para sacar adelante las reformas ante el bloqueo fujimorista.

La opción de la cuestión de confianza toma fuerza en el interior del Gobierno, según fuentes de este entorno. Ante la conducta del fujimorismo, que para muchos está bloqueando las reformas planteadas por el Ejecutivo, este poder del Estado empieza a sopesar con mayor decisión las cartas que podría utilizar.

La opción que aparece con más fuerza es plantear al Poder Legislativo una cuestión de confianza. Si el Parlamento la niega, Vizcarra podrá cerrarlo y convocar a elecciones para que se conforme uno nuevo con el que se pueda trabajar mejor diversas iniciativas.

La Constitución establece que "el Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros" y que "el Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo", es decir, de todo el gabinete ministerial.

En setiembre del 2017, el entonces premier Fernando Zavala planteó al Parlamento una cuestión de confianza por las iniciativas de política educativa del gobierno, que presidía Pedro Pablo Kuczynski. El Poder Legislativo la denegó.

Al asumir Vizcarra la presidencia, luego de la renuncia de Kuczynski, no se inicia un nuevo mandato de cinco años de gobierno, sino que se continúa el obtenido en el 2016. Por esto, si el actual Congreso hiciera otro rechazo a una cuestión de confianza del Ejecutivo, este podría disolverlo, según diversos expertos.

En el gobierno, esta posibilidad ya ha sido consultada a algunos constitucionalistas. Por eso, es una carta que Vizcarra ya casi ha anunciado a la comunidad internacional.

"Vamos a usar todos los mecanismos para cumplir nuestro compromiso pero sujetos a la Constitución (...) Dentro de las medidas, también está establecida la cuestión de confianza, que si no se la da se permite el cierre del Congreso. Hemos dicho que no descartamos ninguna medida para lograr el objetivo de luchar y destruir la corrupción", dijo en CNN la semana pasada.

"No lo vamos a hacer incumpliendo ningún procedimiento (...) están los mecanismos establecidos en la misma Constitución, que estamos siendo rigurosos en su cumplimiento", agregó.

En marzo último, el Congreso cambió su reglamento para dificultar su cierre. Según la nueva norma, para disolver el Congreso, cada uno de los dos rechazos a las cuestiones de confianza del gobierno debe generar que no haya ministros que hubieran integrado el gabinete que cayó.

"Se interpreta que crisis total del gabinete es cuando se van todos los ministros. Si regresa un ministro no es una crisis. Por lo tanto, no entra dentro de las dos posibilidades que tiene el Presidente de la República de disolver el Parlamento en un próximo rechazo a una cuestión de confianza", alegó entonces el legislador aprista Mauricio Mulder, autor del proyecto normativo.

De este modo, el rechazo a la cuestión de confianza del gabinete de Zavala, “no podría considerarse (como crisis) porque regresaron 14 de los 17 ministros”. Es decir, no se puede contar para cerrar el Congreso si este rechaza otra vez una cuestión de confianza.

Ante esto, la bancada de Peruanos por el Kambio (PPK) solicitó al Tribunal Constitucional anular este decreto que busca dificultar el cierre del Parlamento. Para esto, presentó una demanda de inconstitucionalidad. El TC ha convocado para el próximo viernes 28 a una audiencia para abordar esta demanda, que se desarrollará en Arequipa.

El último viernes 14, el vocero de PPK, Gilbert Violeta, pidió a Vizcarra que evalúe la cuestión de confianza para que no saboteen las reformas.

Ese día, los congresistas fujimoristas habían impedido que la Comisión de Justicia del Congreso dictamine las reforma sobre el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), al votar en abstención. Las cámaras captaron a Úrsula Letona, vocera 'naranja', recibiendo una llamada a su celular y luego dando la orden a sus copartidarios de votar en abstención.

"Eso muestra que hay una consigna de la mayoría de sabotear las reformas. Por eso, el Gobierno toma con mayor interés la posibilidad de hacer cuestión de confianza", dice una fuente oficialista.

Además, el Ejecutivo se ha interesado en una interpretación de la Constitución que permitiría que el presidente convoque a referéndum directamente, sin depender de aprobaciones del Congreso.

El constitucionalista Francisco Eguiguren, que desarrolla esta interpretación para un trabajo académico, adelantó su argumentación en el seminario "Referéndum: las propuestas en debate", realizada por Tuesta & Consultores en la Pontificia Universidad Católica, el último viernes 14.

"El referéndum es para que decida el pueblo. Si interpreto la Constitución de modo restrictivo, diré que el artículo 206 dice que toda reforma constitucional la aprueba el Congreso, entonces depende de sus votos. Si hago interpretación extensiva, un referéndum no puede limitarse a pasar por el Congreso", explicó.

La República supo que representantes del Gobierno pidieron una reunión a Eguiguren. Estarían interesados en esta nueva posibilidad que los liberaría de los bloqueos que se den en el Parlamento. 

Carlos Basombrío - Exministro

“Galarreta y los voceros de Fuerza Popular repiten todos los días que Vizcarra es como Maduro. Ya pues. No se puede ofender la inteligencia de los peruanos”.

Maritza García - Congresista no agrupada

“FP no aprobó el dictamen de reforma por cálculo político: creen que si cooperan con Martín Vizcarra, sube su popularidad, y si no lo hacen, baja”.

Úrsula Letona - Congresista de Fuerza Popular

“No recibo órdenes. La citación no era para debatir dictamen, no se amplió agenda, no se votó mi solicitud de cuestión previa, de eso no hablan”.

El dato

El enfrentamiento final entre el Ejecutivo y Legislativo parece inevitable. Está por verse qué consecuencias colaterales generá en la ciudadanía.

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