Sustentan al TC que la Ley Mordaza busca censurar a la prensa

Nuevos argumentos. Clínica Jurídica de Universidad del Pacífico advierte que la norma genera censura y viola principio constitucional sobre actividad empresarial del Estado. Detecta que Keiko Fujimori reconoció que ley es para ir contra los medios.

Nuevos argumentos. Clínica Jurídica de Universidad del Pacífico advierte que la norma genera censura y viola principio constitucional sobre actividad empresarial del Estado. Detecta que Keiko Fujimori reconoció que ley es para ir contra los medios.

Un profesor y cuatro estudiantes de Derecho de la Universidad del Pacífico presentaron al Tribunal Constitucional (TC) un análisis especializado que sustenta que la ley que restringe la publicidad estatal, conocida como Ley Mordaza o Ley Mulder, busca censurar a la prensa. De este modo, alertan a la máxima instancia en asuntos constitucionales de otros perjuicios que generaría la norma, no detectados en la demanda del gobierno para que el TC pueda anular la ley.

El análisis se presentó el viernes 7 de setiembre como un amicus curiae, documento que aporta a una corte argumentos sobre un caso que está por resolver. Lo hicieron el abogado y profesor Andrés Calderón, director de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico, y cuatro estudiantes integrantes de este equipo.

El documento alega que la Ley Mordaza busca censurar a la prensa porque se ha dado como castigo a los medios de comunicación, sobre todo a aquellos que han publicado cuestionamientos al Congreso, de mayoría fujimorista. Este castigo se da al prohibir la publicidad estatal para estas empresas periodísticas de un modo que los discrimina.

“(...) cuando el Estado hace una distinción injustificada en el trato que reciben los medios de comunicación, favoreciendo a los estatales en detrimento de los privados, se da un mensaje amenazador a estos últimos para que cambien el contenido o cobertura noticiosa que ha motivado la medida desfavorable”, dicen.

“(...) los medios privados con menor alcance y sintonía –y que, por ello, no eran candidatos a recibir pauta publicitaria estatal– no se verían afectados en la misma intensidad en la que se ven afectados los medios con mayor alcance y sintonía. (...) los medios de difusión afectados de manera más intensa por la norma son lo que en los meses previos venían investigando hechos de corrupción y que recibieron ofensivas por parte del Poder Legislativo”, agregan luego.

La Clínica Jurídica muestra 27 declaraciones de políticos que impulsaron esta ley que evidencian su voluntad de castigar a los medios incómodos. Así, contradicen el argumento de que apoyaban la norma para generar ahorro al Estado.

Una de las declaraciones es de la misma Keiko Fujimori, en un reciente mensaje. “Desde Fuerza Popular sabemos que enfrentar a la corrupción tiene un alto costo político, de la misma manera que cuestionar al Gobierno por sus propuestas populistas y a los medios de comunicación con la llamada Ley Mulder”, dijo.

De ese modo, Keiko reconoce que fueron los fujimoristas quienes impulsaron la ley y que esta era para cuestionar a los medios; es decir, ir contra ellos, no hacer ahorrar al fisco.

La Clínica Jurídica también advierte que la norma viola el principio de subsidiariedad sobre la actividad empresarial estatal, que en la Constitución dice: “Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional”. En este caso, la norma hace que solo el Estado pueda difundir publicidad estatal y le impide esta actividad a las empresas.

Al romper este principio, la Ley Mordaza generaría un monopolio estatal que favorecere el uso político de la información, sin independencia. 

Infografía

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