Corrupción y terremotos judiciales

Diego García Sayán
15 Aug. 2018 | 18:29h

En lo de los congresistas la inmunidad/impunidad es un asunto mucho más sensible que la no reelección; habría que incluirlo

Escándalos sobre corrupción en el sistema judicial vienen estallando no sólo en el Perú sino en varios países de América Latina. Sin que sean los más graves, resuenan casos como el que la prensa llamó el “cartel de la toga” en Colombia (2017) o el reciente en Costa Rica que terminó con la separación de un magistrado de la Corte Suprema y la renuncia de su presidente.

A partir de los audios generados por orden de una valiente fiscal del Callao –Rocío Sánchez– y revelados por varios periodistas de investigación, lo que se ha venido conociendo en el Perú en el último mes supera con creces todo lo anterior. Tres conclusiones preliminares acerca de este “gran desorden bajo los cielos”.

Primero: no todo está podrido. Las investigaciones y audios no cayeron del cielo: las generaron una fiscal y un juez dignos. Luego de las revelaciones ha habido reacciones del sistema judicial: numerosos procesos, varios detenidos y han sido destituidos varios altos funcionarios, aunque queda pendiente el Fiscal de la Nación –que se niega a renunciar– y que, paradójicamente, no puede ser removido pues está suspendido el órgano que lo podría hacer (CNM).

Mal se hizo en no prever una instancia transitoria que retuviera aunque fuere algunas de las funciones disciplinarias del CNM para situaciones límite; sobre altos magistrados y fiscales, por ejemplo. Se pudo haber pensado, por ejemplo, en una instancia como el denominado “Comité de Escogencia” colombiano que seleccionó en meses pasados, con transparencia y rectitud, a los integrantes de la justicia transicional y de la Comisión de la Verdad. Primó acá el inmediatismo, esperemos que por descuido y no por complicidad.

La segunda: el gobierno de Martín Vizcarra muestra por fin a un Ejecutivo que orienta la agenda. Lleva escasos cuatro meses de presidente y ha reaccionado con iniciativa y propuestas de reforma constitucional y legal que podrían llevar a un referéndum. Pero si el Congreso –con ralo 8% de aprobación– lo traba, el presidente podría llamar a que se haga uso de la iniciativa popular prevista en la ley. La “calle” traducida en muchas firmas impulsando el referéndum.

El gobierno ha presentado los proyectos de ley ofrecidos. El Congreso ya los tiene en sus manos y ha procedido –paso correcto– a circularlos para solicitar opiniones de instituciones académicas y de la sociedad civil. Estos visiblemente podrían ser perfeccionados. En lo de los congresistas la inmunidad/impunidad es un asunto mucho más sensible que la no reelección; habría que incluirlo. En el del CNM se podría rescatar la presencia y participación de espacios como universidades y colegios profesionales en su composición. Que haya fracasado el CNM tal cual funcionó es porque el sistema de representación estuvo mal diseñado, lo que permitió que cayera en manos de pillos e inescrupulosos. Hay otros diseños posibles.

La tercera es que, a diferencia de la corrupción centralizada de los tiempos de Fujimori/Montesinos (hasta el 2000), la actual tiene una naturaleza diferente. Son varias esferas y redes de poder que van desde estructuras de clientelaje y tráfico de influencias recíprocas entre altos funcionarios, corrupción en decisiones jurisdiccionales, y beneficios indebidos a personajes del sector privado, periodistas y a políticos.

Si bien el narcotráfico pudo estar en el inicio de las indagaciones de la fiscal Sánchez, ha quedado temporalmente opacado como tema central ante la “caja de Pandora” que ha estallado. Eso no debería olvidarse; en ello podría estar la madre de todas las corrupciones.

Hay que reiterarlo: la actual amenaza global a la independencia e integridad judicial no está sólo en las tentaciones del poder político. Está en el crimen organizado y la corrupción; paradoja, o no, quienes están mandatados por los tratados internacionales y las leyes a combatirlo son los jueces y fiscales.