El Informante, por Ricardo Uceda: El enemigo interior

La República
13 Aug. 2018 | 19:05h

Una mirada a la crisis del Ministerio Público. ¿Cómo esclarecer acusaciones cruzadas? De momento es una tierra de nadie, mientras el Congreso se alista para discutir la denuncia contra Gonzalo Chávarry.

El 9 de agosto, la reacción del ex Fiscal de la Nación Pablo Sánchez, ante la presentación en el Congreso de su sucesor, Gonzalo Chávarry, parecía haber marcado el punto más alto de la crisis en el Ministerio Público. Crisis que es de autoridad, hacia dentro, y de reputación, hacia afuera. Pero las contradicciones internas, que desde julio son públicas en varios niveles, suben de tono cada día, al punto que es pertinente preguntarse si solo podrían resolverse con una intervención externa. En un momento crucial para importantes investigaciones, el conflicto afecta a todos, incluyendo a imputados y víctimas.

DOS VISIONES

Para unos, el problema reside en el nombramiento de Chávarry como Fiscal de la Nación. Mucho antes de la tempestad de audios, un sector de la sociedad civil pidió que Sánchez se reeligiera porque era “el único” entre los fiscales supremos que garantizaba investigaciones eficaces contra la corrupción. Cuando se publicaron un par de conversaciones de Chávarry con César Hinostroza, la postura cambió hacia la petición de que no juramentara, pues estaba infectado por la corrupción. Dos fiscales supremos –Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos– plantearon, sin convencer al resto, que asumiera luego de una investigación. Luego Chávarry mintió sobre su asistencia a un intrascendente almuerzo con periodistas (ahora mismo, después de admitir que faltó a la verdad, no recuerda quiénes asistieron). El sector que lo impugnaba amplió adherentes y pasó a pedir su renuncia. Ante los cuestionamientos, el Congreso admitió a trámite una denuncia constitucional planteada por el Frente Amplio.

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Los enemigos de Chávarry lo consideran el hombre más funcional para los corruptos. La otra visión es que, siendo intachable, fue víctima de una conspiración orquestada por Pablo Sánchez en concierto con un sector social y mediático. En esta interpretación los audios fueron un arma para impedir que asumiera. El propio Chávarry está convencido de la teoría. En el grupo que lo rodea circulan versiones en sentido de que la administración Sánchez protegió a determinados imputados –Susana Villarán y las empresas consorciadas con Odebrecht, por ejemplo– y que con nuevos fiscales las pruebas de tales prácticas aparecerían.

FISCALES ENFRENTADOS

Los hechos posteriores al cambio hicieron evidente que, al margen de las preferencias políticas –o éticas, si se quiere– sobre quién debía ser Fiscal de la Nación, había un conflicto técnico y personal entre los fiscales que veían el caso Lava Jato. Entre dos grupos en pugna, Chávarry respaldó a Rafael Vela y a Domingo Pérez, desplazando a quien estaba a cargo, Hamilton Castro. El desenlace vino acompañado de otro tipo de acusaciones que continúan hasta hoy.

Tras su empoderamiento, Domingo Pérez declaró en Canal N que Pablo Sánchez lo había reprendido por haber allanado el local de Fuerza Popular. Sobre Gonzalo Chávarry dijo que no era la persona idónea para dirigir el Ministerio Público. También acusó a otro fiscal, Alonso Peña Cabrera, de haberle querido condicionar un interrogatorio, a fin de que no preguntara por “AG” (supuestamente, Alan García). Tanto Sánchez como Peña Cabrera respondieron. El primero para explicar que Pérez, “un buen fiscal”, había confundido lo que era un gesto de apoyo con una llamada de atención. Peña Cabrera, a su vez, dijo que Pérez había inventado hechos, en un acto difamatorio.

PARTES DE GUERRA

El siguiente episodio lo protagonizó Gonzalo Chávarry. En el Congreso ninguneó y acusó de errores al fiscal que había estado a cargo de Lava Jato, Hamilton Castro. Además, señaló que Pablo Sánchez lo mantuvo desinformado sobre el proceso. A lo cual siguieron las correspondientes refutaciones de Castro y la de Sánchez. El Comercio reprodujo un informe de Rafael Vela sobre los errores del equipo saliente, y La República otro acusando al equipo entrante de favorecer a Odebrecht por apetencias personales.

En la prensa que informa sobre los casos de corrupción, hay un amplio conocimiento de los conflictos, y pueden adivinarse con facilidad de dónde provienen los partes de guerra. Entre quienes opinan, cada quién tiene sus héroes y sus villanos. Salta a la vista la necesidad de que sean esclarecidas las denuncias cruzadas. El problema es que no hay una instancia expeditiva para hacerlo.

PEDIDO DE APOYO

Tomemos, por ejemplo, el caso del último audio con resonancia en el Ministerio Público. Su protagonista, el fiscal supremo Tomás Gálvez, pide un apoyo del vocal supremo César Hinostroza hacia el fiscal Walther Delgado, a quien su esposa había denunciado por violencia familiar. Gálvez ha explicado que en realidad gestionaba consejos jurídicos, y que el proceso que Delgado afrontaba no lo veía Hinostroza.

Al margen del descargo de Gálvez, el caso requeriría un esclarecimiento no solo periodístico. ¿Realmente Hinostroza era ajeno al proceso? ¿Qué supuesta violencia ejerció Delgado contra alguien de su familia? ¿Por qué debía ser ayudado?

–Me someto a cualquier investigación– ha dicho el fiscal supremo que solicitó el consejo jurídico. En rigor, la indagación debería hacerla el Fiscal de la Nación.

Sin embargo, Gonzalo Chávarry se ha abstenido de ver el caso Hinostroza, para quien el Ministerio Público pedirá el levantamiento de su fuero. Es que Chávarry también está sometido al mismo proceso en el Congreso. Con ese criterio tampoco podría investigar en forma preliminar a Gálvez. Por otra parte, siendo Gálvez fiscal supremo, no puede ser investigado por un par. Tampoco es posible recurrir al CNM porque está en receso. Una posibilidad es que Chávarry recurra al Congreso. Otra es que no haga nada, bajo el argumento de que no hay apariencia de delito. Como en el caso de otro fiscal supremo, Víctor Raúl Rodríguez, que según un audio concertó una cita con el empresario detenido Mario Mendoza.

NO HAY SOLUCIÓN

Algunos fiscales sostienen, en privado, que los audios por venir, más las investigaciones de la red criminal descubierta, terminarán poniendo al Ministerio Público en una situación parecida a la del CNM. Nada puede descartarse, pero lo que no puede ocurrir es que el Congreso ponga al Ministerio Público en receso, como hizo con el CNM, mientras se busca magistrados ideales. Hacia abajo, tanto los fiscales que estaban con el equipo anterior de Lava Jato como los que integran el nuevo están bajo sospecha. Quizá sean errados los señalamientos de que el tan alabado Domingo Pérez inventó dos acusaciones (contra Peña Cabrera y contra Sánchez, pasando por alto su observación de que Chávarry no es idóneo). Pero el Ministerio Público debería tener un procedimiento para demostrarlo, y por el momento carece de esa autoridad.