La hermandad al ataque

Venganza contra los magistrados valientes y la prensa independiente.

Venganza contra los magistrados valientes y la prensa independiente.

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, ordenó el 3 de agosto al fiscal supremo de Control Interno, Víctor Raúl Rodríguez Monteza, investigar “la irregular divulgación de los audios” en el caso iniciado con las interceptaciones telefónicas de los grupos criminales del Callao y los magistrados del primer puerto del país, y que ahora alcanzan a los que fueron miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), vocales de la Corte Suprema del Poder Judicial (PJ), congresistas, periodistas y a tres de los cinco fiscales supremos, incluidos los fiscales Chávarry y Rodríguez.

La nota del titular de la Fiscalía que ordena la indagación instruye a su destinatario a “determinar responsabilidades de las personas involucradas” dejando abierta ex profeso una alta capacidad disciplinaria de la Fiscalía. De hecho, se puede entender que esta directiva busca activar una investigación y sancionar a Rocío Sánchez, fiscal provincial del Callao, a cargo del caso, de acuerdo a las atribuciones de la Fiscalía de Control Interno; derivar las indagaciones a la Oficina de Control Interno (OCMA) del Poder Judicial o a sus instancias desconcentradas para promover la sanción al juez Cerapio Roque, juez de investigación preparatoria del Callao, el que autorizó las interceptaciones; e incluso avanzar hacia una denuncia penal contra los periodistas que difundieron los audios, a tenor de la carta amenazante de Rodríguez Monteza del 11 de julio pasado, dirigida a IDL Reporteros y Panorama de Panamericana TV, exigiendo que en un plazo de 3 días, bajo apercibimiento de ser denunciados por desobediencia a la autoridad, entreguen los audios en su poder.

Es extremamente indecoroso y abusivo que el fiscal de la Nación se valga de su poder para investigar la ruta de los audios que precisamente desnudaron su conducta dolosa y que lo incapacitan para el ejercicio de tan alta responsabilidad. Fuera de todo recato, el Sr. Chávarry dirige toda su artillería contra una fiscal que ha hecho lo que debía hacer, es decir, investigar el delito y, de paso, contra la prensa que también hizo lo que se supone hace la prensa independiente: revelar las conductas obscenas del poder.

Si los magistrados y los periodistas solo cumplieron su deber, el que no ha cumplido el suyo es Chávarry, el mismo que a partir de los audios se ha revelado como un funcionario apegado al engaño, el doble discurso y la cuestionable relación con quienes debería mantener distancia. Además, actuando con ventaja oculta, esta directiva no fue informada en la lamentable comparecencia del fiscal en el Congreso, probablemente para que no desvíe la atención del discurso demoledor de su propia institución.

Sea cual fuese el destino de esta orden –girada a otro fiscal que también aparece en los audios– implica un nefasto precedente que pretende inhibir a los fiscales y amedrentar a la prensa. Como otros intentos, este ataque de la hermandad no pasará, pero testimonia su decisión de mantener a flote la estructura ilegal descubierta y garantizarse impunidad.

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