Dictan prisión preventiva a abogado que negoció con pensiones

Proceso. Bajo el rubro de honorarios profesionales recibió casi 20 millones de soles, que luego transfirió en montos menores a exfuncionarios del MEF, la ONP y a una jueza supernumeraria. Todos los que intervinieron para agilizar el pago de pensiones devengadas por 206 millones de soles.

9 Ago 2018 | 7:15 h

Proceso. Bajo el rubro de honorarios profesionales recibió casi 20 millones de soles, que luego transfirió en montos menores a exfuncionarios del MEF, la ONP y a una jueza supernumeraria. Todos los que intervinieron para agilizar el pago de pensiones devengadas por 206 millones de soles.

Un abogado, su hijo, una jueza, un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y otro de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) se aprovecharon del justo reclamo de una asociación de jubilados de la desaparecida estatal Enapu para beneficiarse ilegalmente.

El reclamo de los jubilados era justo. A partir de esa demanda, conformaron una organización ilícita para obtener beneficios indebidos por 21 millones de soles, afirma el fiscal José Domingo Pérez Gómez.

PUEDES VER  Aporte del Estado a la ONP se redujo en S/ 1.000 millones

Ese monto es lo que el abogado Hernán Costa Alva pidió y cobró como honorarios profesionales, para lograr que los jubilados reciban los pagos que el Estado les adeudaba. Eso es lícito y hasta habitual en el desarrollo de una defensa legal.

Lo que la fiscalía descubrió es que bajo ese rubro de honorarios profesionales se encubrió un caso de soborno. Costa Alva no habría logrado ganar el proceso por su buen desempeño legal, sino porqué habría pagado para obtener el fallo judicial y, luego, que el MEF provea los fondos y la ONP disponga el pago.

Luego, de la investigación respectiva, Pérez solicitó la prisión preventiva de las cinco personas implicadas en estos presuntos actos de corrupción en la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

El Poder Judicial acogió el pedido del fiscal Pérez y ordenó 36 meses de prisión preventiva para que sean investigados por los presuntos delitos de cohecho activo genérico, impropio y lavado de activos.

De acuerdo a la tesis fiscal, la organización se benefició económicamente mediante los expedientes judiciales de pensionistas.

Investigación

La medida alcanza al abogado Hernán Costa Alva; su hijo, Néstor Costa; Jorge Noziglia Chávarri, exfuncionario del Ministerio de Economía (MEF); Ricardo León Dueñas, exfuncionario de la ONP; y Rosmery Matilde Velásquez Cano, exjueza supernumeraria del 16 Juzgado Transitorio Laboral de Lima.

Solo tres de los procesados se encuentran detenidos. Costa Alva y León Dueñas se encuentran prófugos de la justicia, probablemente fuera del país.

El caso tuvo su inicio en el 2016, cuando la Asociación de Cesantes y Jubilados de la Empresa Nacional de Puertos (Acjenapu) le ganó a la ONP en el Poder Judicial.

Dicha entidad debía pagar a los pensionistas S/206 millones, monto destinado a pensiones y bonificaciones adicionales.

El líder de la agrupación criminal sería Hernán Costa Alva, abogado que asesoró a la asociación de jubilados en el proceso judicial con el que logró que se disponga la entrega de recursos.

El letrado buscó contactarse con Jorge Noziglia, exfuncionario del Ministerio de Economía (MEF), que en esa época se desempeñaba como Director General de Recursos Públicos del MEF. Tenía como objetivo que el exfuncionario emitiera una opinión técnica favorable a sus intereses.

En tanto, Costa pidió una audiencia para que se ejecute la sentencia.

A la Audiencia de Esclarecimiento de Hechos Controvertidos en Ejecución de Sentencia asistieron funcionarios de la ONP, Acjenapu y Noziglia, representando al MEF. En la audiencia, Noziglia sostuvo que podían habilitarse partidas de la ONP, decisión que debía pasar por evaluación del MEF.

En marzo de 2017 se conoció de un oficio favorable a la modificación de partidas de la ONP. El 13 Juzgado Contencioso Administrativo de Lima, a cargo de Martha Cecilia Hinostroza Bruno, acogió la recomendación y dispuso el pago.

Se dispuso que Hernán Costa reciba S/21 millones de la ONP como pago de sus honorarios por la defensa de la asociación de los jubilados.

Las transferencias

Del monto total, Costa Alva recibió S/19 millones en junio del 2017 y solo seis días después comenzó a hacer transferencias. La fiscalía considera que empezó a pagar a todas las personas que estaban al tanto del complot.

Para la Fiscalía, efectuó transferencias con el fin de evitar la identificación ilícita del dinero.

La primera entrega es para Noziglia Chávarri, a quien se le transfirió S/750 mil.

Según indicó la Fiscalía, el procesado sostuvo que el dinero en su cuenta correspondía a la venta de acciones y derechos que tenía su esposa respecto de bienes hereditarios indivisos.

“El investigado sostuvo que su cónyuge no recibió el dinero directamente porque no tenía cuenta bancaria”, señaló el fiscal José Domingo Pérez en la audiencia donde se evaluó la prisión preventiva.

Pérez agregó que ante el banco la transferencia del dinero se justificó como una donación del Estudio de Abogados. Cuando la Fiscalía ya había comenzado las investigaciones, el exfuncionario del MEF y su esposa iniciaron un proceso de cambio de régimen de sociedad de gananciales por separación de patrimonios.

El siguiente personaje involucrado en el caso es Ricardo León Dueñas, quien ocupó el cargo de gerente general de la ONP. Hernán Costa le hizo una transferencia de S/ 520 mil el 9 de junio del mismo año.

La Fiscalía sostiene que León Dueñas tenía un vínculo con Noziglia. Esto habría servido para que sea el nexo con el exfuncionario del MEF. Otra transferencia fue hecha a Néstor Costa López, hijo de Hernán Costa Alva.

Un cuarto depósito es el que se ejecuta en favor de Rosmery Velásquez Cano, la jueza supernumeraria. El abogado le transfirió S/200 mil. La fiscalía considera que fue el pago por agilizar el trámite. judicial. 

Continúa el congelamiento de fondos

- La Corte Suprema de Justicia resolvió que el congelamiento administrativo de las cuentas de un investigado, dispuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera y convalidada judicialmente, se mantiene en el tiempo hasta que la medida sea revocada por otra orden judicial.

- Así lo estableció la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema al resolver el recurso de casación que presentó el investigado Hernán Manuel Costa Alva. La defensa de este procesado pretendía que la medida de congelamiento se cuenta desde el momento en que se expidió la resolución judicial.

- La UIF y la Fiscalía sostuvieron que la medida de congelamiento se cumplió a partir de diversas fechas, de acuerdo con los informes presentados por las entidades bancarias.

- La Corte Suprema precisó que el congelamiento de fondos se sustenta en la necesidad de urgencia de la investigación y consiste en la prohibición del retiro, transferencia, uso, conversión, disposición o movimiento de fondos o activos afectados.

- El congelamiento de los fondos fue convalidado judicialmente el 22 de septiembre del 2017, por un plazo de 12 meses. La medida alcanzó a Costa Alva y a cuatro personas jurídicas, entre ellas Costa Alva Tours SAC.

asf

Te puede interesar