La justicia y el estado maltrecho

Sinesio López
8 08 2018 | 15:48h

Gracias al referéndum, Vizcarra asume la iniciativa política, se libera del yugo fuji-alanista, pasa silenciosamente a la ofensiva.

Para entender mejor la actual coyuntura política peruana hay que prestar atención más a la forma política que al contenido programático. ¿Por qué? Porque lo que cambia la situación política tanto la actual como la del futuro inmediato no es el conjunto de reformas propuestas por Vizcarra sino la convocatoria a un referéndum para aprobarlo.

¿Cuál es el  significado político del referéndum? Gracias al referéndum, Vizcarra asume la iniciativa política, se libera del yugo fuji-alanista, pasa silenciosamente a la ofensiva y cambia la correlación política de fuerzas. Vizcarra apela a un recurso constitucional (el referéndum) y se apoya en el pueblo soberano para recuperar la autonomía del Poder Ejecutivo y para vencer la resistencia de la mayoría conservadora del Congreso. Algo más: la nueva mayoría ciudadana que emerja del referéndum acabará con la sobre-representada mayoría formal del keikismo que distorsiona la realidad política actual y que ha devenido una especie de dictadura parlamentaria. El referéndum va a permitir la emergencia de una nueva verdad política.

Los cambios positivos tanto políticos como institucionales que se han producido en los últimos meses se deben, en gran medida, a la presencia del pueblo soberano en las calles. Cualquier intento de acallarlo o de distorsionar su voluntad política será una nueva ocasión para que el soberano vuelva a decir su palabra, obligando a los políticos a ir más allá del plebiscito y de las reformas propuestas por Vizcarra.

Veamos el contenido de las propuestas de Vizcarra. Las que tienen mayor impacto social y político son las reformas judiciales y fiscales. Las reformas políticas son muy limitadas pues no tocan a todo el sistema político sino sólo al sistema electoral. El sistema de partidos y la forma de gobierno van a seguir igual de mal. Y en el sistema electoral las propuestas para reformar las partes más cuestionadas brillan por su ausencia.

Siendo importantes las reformas de la justicia, estas son, sin embargo, limitadas. El problema de la justicia no se reduce al cambio del CNM ni al establecimiento de un mejor control sino que se extiende al acceso efectivo a la ley y a la justicia de todos los peruanos por igual en todo el territorio nacional. El mapa de efectividad legal basado en la existencia de juzgados en todos los distritos judiciales y de comisarías y de efectivos policiales muestra enormes vacíos y serias limitaciones en sus alcances territoriales, sociales y culturales. Si se usaran mejores indicadores provenientes de estudios de casos en los diversos distritos judiciales, el mapa de efectividad legal sería peor.

Lo que digo de la ley y la justicia, se puede extender a otras capacidades del Estado y a sus mapas respectivos: la capacidad coercitiva, la efectividad burocrática, la seguridad ciudadana, la provisión de bienes públicos (salud y educación), el nivel de penetración del Estado en la sociedad y en la ciudadanía, el grado de penetración infraestructural en el territorio y la capacidad impositiva. El nuestro es un estado maltrecho porque es un estado mal hecho. Volvemos sobre el tema.