Tuvieron que pasar 18 años

Diego García Sayán
1 Aug. 2018 | 17:55h

La propuesta presidencial requiere precisiones. De hecho no están claros los pasos o el cronograma para concretar el referéndum.

Casi 18 años hubo que esperar para que desde la presidencia de la República se escuchase una voz firme, con liderazgo –y en serio– contra la corrupción. Viento fresco en un entorno en el que las redes de corrupción parecen haber hecho colapsar la credibilidad y legitimidad no solo del sistema judicial, sino del sistema político.

No se escuchaba desde los tiempos del gobierno de transición, encabezado por Valentín Paniagua, un llamado claro y enérgico para que la sociedad peruana enfrentase con energía el entramado de corrupción que tuvo su escenario emblemático en la “salita del SIN” a la que se refirió Vizcarra en su mensaje a la Nación.

Tras la palabra, sin embargo, tiene que venir la acción y resultados para que todo no pase de ser “flor de un día”. Ya se ve a quienes van añadiendo un rosario de temas al eventual referéndum; que no ha sido convocado y con asuntos que no se pueden someter a referéndum. El intento de desdibujamiento del eje del llamamiento presidencial a la sociedad –enfrentar a la corrupción– es ya una primera y rupestre respuesta desde el lado oscuro.

Es verdad, sin embargo, que la propuesta presidencial requiere precisiones. De hecho no están claros los pasos o el cronograma para concretar el referéndum, en qué consiste y cómo puede canalizarse por allí, en el más breve plazo, el sentimiento de la sociedad. Destacan dos asuntos.

El primero: quién convoca. Si bien el discurso de Vizcarra pareció sugerir que se trataba de una convocatoria presidencial (“vamos a iniciar el procedimiento para convocar a un referéndum), el hecho es que la Constitución y la ley fijan parámetros bastante rígidos y restrictivos. El referéndum queda limitado a dos opciones: a) el de iniciativa ciudadana (no menos del 10% del electorado), y; b) ratificación, vía referéndum, de una reforma constitucional previamente aprobada por el Congreso. Nada más.

Segundo: en cualquiera de esos dos escenarios un referéndum no es ni puede ser de inmediata realización. Para que se pudiera llevar a cabo pronto –y antes de que el llamamiento presidencial se diluya por el tiempo– tendría que debatirse y votarse ya en el Congreso las propuestas de reforma constitucional. En un escenario ideal, que eso ocurra pronto y que la mayoría absoluta la apruebe, habilitaría el referéndum para ratificar –o no– esa reforma pronto.

En el real escenario de cómo se manejan las cosas en el Congreso, sin embargo, podría ocurrir que la propuesta de reforma constitucional se empantane o que, simple y llanamente, la mayoría congresal la desapruebe. ¿Cómo se concreta, entonces, en esa hipótesis el anuncio del presidente de llevar a cabo un referéndum? En ese caso el referéndum se hace imposible: la propia ley que lo regula (26300) restringe el referéndum a que exista una previa reforma constitucional aprobada por el Congreso.

En una situación así cabría imaginar que casi la única opción que le quedaría al presidente, para ser coherente, es a que la voz presidencial sea gatilladora de un proceso social y político de convocatoria popular. Es decir, el impulso político –desde la presidencia– a una acción ciudadana sostenida. Con un doble propósito: a) consolidar un espacio nacional de firmeza y acción social contra la corrupción (por ejemplo, siguiendo desde cerca la “limpieza” y procesos de investigación en curso), y; b) ejercer un liderazgo desde el Estado en un momento en el que la legitimidad no solo del sistema judicial sino del congreso se encuentra en sus niveles históricos más bajos.

Esta sería, sin embargo, una gran “revolución cultural” para cuyo lanzamiento habría que ver si los concernidos están en condiciones de impulsarla.