Vizcarra ratifica que buscarán que el TC anule ‘Ley Mordaza’

Asegura que esta semana presentan demanda de inconstitucionalidad y que evalúan otras medidas para detener los efectos nocivos. Norma ya entró en vigencia.

Asegura que esta semana presentan demanda de inconstitucionalidad y que evalúan otras medidas para detener los efectos nocivos. Norma ya entró en vigencia.

El presidente Martín Vizcarra ratificó que esta semana el gobierno presentará una demanda en el Tribunal Constitucional (TC) para que anule la ley sobre publicidad estatal, conocida como 'Ley Mordaza'. Mañana miércoles el Consejo de Ministros aprobaría el documento para que vaya al TC.

También reafirmó que el gobierno evalúa otras medidas para evitar los efectos de la norma mientras el TC no resuelva la demanda. Una opción es un recurso de amparo ante el Poder Judicial, otra sería pedir medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según expertos consultados.

“Esta semana interpondremos acción de inconstitucionalidad contra ley que prohíbe publicidad estatal en medios. Asimismo, evaluamos otras medidas para evitar (que) se afecte la obligación del Ejecutivo de comunicar las acciones y servicios que brinda a la población. No a la Ley Mordaza”, escribió Vizcarra la tarde de ayer en la red social Twitter.

Ayer la norma entró en vigencia al aparecer en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano. La ley, aprobada por el Congreso con rechazo del gobierno, prohíbe a todas las entidades del Estado publicitar en medios de comunicación privados. Solo exceptúa casos de "desastres o emergencias naturales declarados por decreto" y "campañas de educación electoral por parte de los entes electorales" en procesos de sufragio.

Congreso no responde

El Congreso no respondió las consultas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la iniciativa que afecta la publicidad estatal. La Convención Interamericana de Derechos Humanos, suscrita por el Estado peruano, establece que la Comisión tiene la función de "promover la observancia y la defensa de los derechos humanos" y "solicitar a los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos".

En enero último, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana solicitó al Estado peruano información sobre al entonces proyecto de ley. La Cancillería derivó el pedido al Ministerio de Justicia y la procuradora Sofía Donaires Vega envió al procurador del Congreso, Edwin Lévano, un oficio con el requerimiento de la Comisión Interamericana. El oficio no fue respondido.

El aprista Mauricio Mulder, autor del proyecto, tuiteó en febrero: "He recibido una carta de un burócrata uruguayo y de la procuradora del ministerio de justicia intimándome a que les explique mi proyecto sobre la prensa. Yo me debo al pueblo peruano y a nadie más. No acepto amenazas del gobierno ni intervenciones extranjeras" (sic).

En marzo, la procuradora Donaires contestó que Justicia establece que “frente a la publicidad estatal deben prevalecer el derecho a la libertad de expresión” y que la Presidencia del Consejo de Ministros considera que “el proyecto de ley no resulta viable (…) al ser contrario al derecho a la libertad de información (…) y al principio de subsidiaridad y pluralismo económico" establecidos en la Constitución. 

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