CPP respalda al Ejecutivo en su posición de rechazo a “Ley Mulder”

Liliana Rojas
13 Jun 2018 | 5:17 h

Gremio de la prensa invoca a las bancadas legislativas a no aprobar la norma en el Pleno

 

El Consejo de la Prensa Peruana respaldó este miércoles la posición del presidente de la República, Martín Vizcarra, en la defensa de las libertades informativas frente a la amenaza de la llamada “Ley Mulder”, que pretende prohibir la publicidad estatal en los medios de comunicación privados.

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Mediante comunicado, el gremio de la prensa reitera que la propuesta normativa, cuya insistencia será sometida al Pleno del Congreso tras ser aprobada ayer en la Comisión de Transportes y Comunicaciones, “oculta, tras objetivos aparentemente loables como evitar el uso inadecuado del presupuesto público, la clara intención de ejercer presión sobre la prensa independiente, con el objetivo de debilitar su rol fiscalizador.

“Esto resulta inadmisible en un estado de derecho”, sostuvo el CPP.

En declaraciones a la prensa, el jefe de Estado expresó su desacuerdo con la norma aprobada “porque no se puede limitar la capacidad del Estado de brindar información a la ciudadanía con racionalidad”.

Luego, mediante comunicado, reiteró sus cuestionamientos a la propuesta normativa y anunció que si se concreta su aprobación en el Pleno del Congreso, su gobierno interpondrá acciones legales contra ella .  En este caso correspondería una acción de inconstitucionalidad. 

 "La Constitución Política, el sistema jurídico en su conjunto y la política nacional de gestión de modernización de gestión pública, establecen que el Ejecutivo trabaja para brindar servicio al ciudadano, lo cual incluye la comunicación de sus acciones, la transparencia, el gobierno abierto y la articulación interinstitucional", precisa el documento.

Al respecto, el CPP formuló un llamado a las distintas bancadas y grupos parlamentarios que al momento de emitir su voto tomen en cuenta los del Poder Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Sociedad Interamericana de Prensa y de las organizaciones de la sociedad civil.

Finalmente, reiteró su disposición de apoyar el proceso de aprobación del Reglamento de la Ley 28874, que regula la publicidad estatal, y se comprometió a fiscalizar su implementación para garantizar el buen uso de los recursos destinados a la publicidad.