Propuestas contra la corrupción requieren apoyo del Congreso

La Republica

La historia de siempre. El Ejecutivo recoge antiguas propuestas del Ministerio Público, la CAN, la OCDE, la Comisión Presidencial de Integridad para lucha contra la corrupción.

El costo de la corrupción en el país representa cerca del 2% del Producto Bruto Interno o 14 mil millones de soles, afirmó el presidente del Consejo de Ministros César Villanueva, para graficar la gravedad de este problema y la necesidad de combatirlo. De modo que para esta lucha anunció que en los próximos 180 días, bajo el liderazgo del presidente Martín Vizcarra, se presentará un paquete normativo, con el respaldo del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría y la Unidad de Inteligencia Financiera.

Las propuestas no son nuevas. Han sido señaladas ya antes por sucesivos gobiernos. Se les menciona en el Acuerdo Nacional, recogen recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, del informe de la Comisión Presidencial de Integridad y el Compromiso de Lima de la Cumbre de las Américas.

PUEDES VER Congreso otorga voto de confianza a Gabinete de César Villanueva

El factor común en todas ellas es que requieren la aprobación del Congreso y el consenso de todos los partidos políticos. Veamos las principales propuestas:

1. Todos los ministros y altos funcionarios con capacidad de decisión y manejo de recursos públicos estarán obligados a presentar su declaración jurada de intereses y parentesco.

Esta norma ya existe desde el 2016, pero no es obligatoria. Los altos funcionarios públicos deben presentar una declaración Jurada donde den información relativa a sus vínculos comerciales, profesionales y laborales, antes del ejercicio del cargo. Pero, al ser voluntaria solo algunos funcionarios la cumplen. Luego, no existe sanción para los que no entreguen, oculten o falseen la información que declaran. Una norma deberá incidir en la obligatoriedad de la declaración y la sanción para que el que mienta.

2. Propone una Ley de Gestión de Intereses o Ley de Lobbies.

La ley de lobbies ya existe desde el 2003, pero el registro es engorroso y no establece sanciones, ni para los funcionarios públicos, ni para las empresas. El 2016 la norma se flexibilizó aun más. Se dejó de lado el registro de gestores, por la anotación de visitas a funcionarios públicos y su difusión en la página web.

Nuevamente, falta establecer sanciones para los funcionarios, empresarios y empresas que gestionen intereses y no las declaren o informen sobre los recursos invertidos y los involucrados. "En nuestro gobierno no será tolerado el uso de los cargos de la función pública para satisfacer intereses personales, económicos o políticos", remarcó el premier, como intención, mientras no se emita una norma.

3. Un proyecto de Ley de Ampliación de la Muerte Civil por narcotráfico, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Desde octubre del 2016, existe una norma que sanciona la muerte civil para los funcionarios públicos que cometen delitos de corrupción. Ahora, se plantea ampliarla a los delitos de narcotráfico, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La sanción se aplica a delitos cometidos a partir de la promulgación de la norma, no para los que hoy conocemos.

La norma para casos de corrupción establece tres niveles de delitos. Los ilícitos más comunes, los que afectan a más personas, reciben sanción de inhabilitación de entre 6, 10 y 20 años de prohibición para volver a ejercer cargo público. La inhabilitación permanente solo es en aquellos casos que suponen la pertenencia a una organización criminal, que son los casos menores y que reciben penas altas.

4. Penalizar los aportes no declarados y bancarizar el financiamiento de la política.

El Apra y el fujimorismo se oponen a la penalización de los aportes no declarados en las campañas políticas, bajo el argumento de que esto favorecería al ex presidente Ollanta Humala. Pero lo que no se dice es que de aprobarse, sancionará a todos los que en el futuro realicen esta práctica, pues todos se verían obligados a declarar y transparentar sus aportes.

El premier Villanueva relacionó este tema con las medidas para dar estabilidad institucional para la gobernabilidad, al proponer sancionar penalmente la no declaración del financiamiento de las campañas electorales y que todos los candidatos autoricen a la Unidad de Inteligencia Financiera a acceder a su secreto bancario, tributario y bursátil .

5. La Ley de Extinción de Dominio.

La ley existe desde el 2012. Con esta norma se busca que el Estado incaute bienes que han sido obtenidos con dinero producto de un delito. Sin embargo, hasta ahora solo se han emitido unas 14 sentencias, ocho de las cuales son por narcotráfico y cuatro tienen relaciones con cuentas bancarias en Suiza, vinculadas al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos. Los especialistas coinciden en que faltan recursos para realizar estos procesos y un tiempo mínimo para las investigaciones, apenas 180 días.

6. Sancionar la corrupción en el sector privado.

Un reclamo pendiente de la OCDE. En abril del 2016, el congreso aprobó una norma pero solo para sancionar el cohecho internacional, es decir, cuando un empresario peruano paga una coima en el exterior. La propuesta inicialmente planteaba sancionar a los empresarios que cometen delitos de tráfico de influencias, peculado, colusión y cohecho. En agosto del 2017, el fiscal de la Nación Pablo Sánchez presentó un proyecto de Ley para sancionar la corrupción entre privados, que hoy no se sanciona.

7. Crear el Registro de Beneficiarios Finales, de personas naturales y jurídicas que efectivamente poseen, controlan o se benefician económicamente de sociedades mercantiles, fideicomisos y fundaciones.

El beneficiario final es la persona natural en cuyo nombre se realiza una operación de compra-venta. También es un reclamo de la OCDE, necesario para la lucha contra el lavado de activos.