Bajo la Cumbre

Una frondosa declaración que evita compromisos específicos.

16 Abr 2018 | 6:41 h

Con la participación de delegaciones de 34 países se clausuró el fin de semana en Lima la VIII Cumbre de las Américas, una de las citas mundiales más agitadas de los últimos años, impactada por hechos de distinta trascendencia y origen que contribuyeron a restarle un mejor resultado final, aunque no se ha dejado de hablar de la cita realizada en nuestra capital tanto por las omisiones como por las acciones.


Varios hechos conspiraron contra la Cumbre: el sorpresivo cambio del presidente peruano a dos semanas de la reunión, el retiro de la invitación del presidente Nicolás Maduro, el bombardeo a Siria en momentos en que se reunían varios presidentes en Lima, la cancelación de la presencia del mandatario de EEUU, Donald Trump, y el asesinato de los tres hombres de prensa ecuatorianos por un grupo mafioso escindido de las FARC.


En ese contexto, el Perú encaró con su mejor disposición su condición de anfitrión, un papel que no significa obviamente hacerse cargo de las luces y sombras de la reunión, especialmente de la brecha existente entre el tema de la Cumbre, gobernabilidad y corrupción, a cargo de una selección plural de mandatarios, entre los que se encontraban personajes cuestionados en este crucial aspecto de la agenda colectiva regional.


Por esa razón debe tomarse con pinzas y un comprensible beneficio de duda el Compromiso de Lima suscrito por las delegaciones asistentes. Al tratarse de la primera reacción multilateral a los escándalos de corrupción que protagonizaron empresas brasileñas en por lo menos 10 países de la región, se esperaba un deslinde mucho más claro con estas prácticas nocivas, lo que no se ha producido.


Las 57 acciones que los países acordaron fomentar no pueden tener a nadie en contra. Por esa razón se extraña la falta de jerarquización de las medidas, apreciándose en cambio una inmensa lista de lavandería que permitirá en los próximos años a los países señalar que en algunos puntos se encuentran cumpliendo los compromisos asumidos, como sucede en el Perú con las frondosas declaraciones y los escasos logros de fondo de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).


Los países han dejado pasar la oportunidad para fijar plazos específicos para acabar con los paraísos financieros en la región y para exigir medidas claras de rendición de cuentas de políticos y otras autoridades. La declaración carece de compromisos específicos para producir una radical reforma política y electoral en el continente y concretar medidas detalladas, más allá de las declaraciones generales, para frenar la internacionalización de la corrupción y del delito, especialmente del narcotráfico.


Es ocasión para recordar que el año 2001, también en Lima, se aprobó la Carta Democrática Interamericana, con los mejores augurios, un documento excepcional que sin embargo no ha podido ser aplicado en el escandaloso caso de Venezuela, donde un régimen corrupto e ilegal va camino a eternizarse, ni recientemente ante el fraude reeleccionista en Honduras, cuyo presidente vino a Lima a darnos lecciones de transparencia.

Te puede interesar