Desenlace político

La parte final del juicio contra el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva ha galvanizado la división del país, activado mecanismos de presión sobre el poder judicial y lanzado a las calles a detractores y simpatizantes, como si la vida de la democracia brasileña se jugara en el destino del ex dirigente sindical y ex mandatario, y el más firme aspirante a un nuevo mandato en las elecciones de octubre de este año.

Es cierto que gran parte del futuro de Brasil se juega en el proceso a Lula. Él simboliza más que nadie la política popular nacida de las favelas y de los cordones industriales que desde los años 80 presionaron con éxito a los gobiernos, o los ha acompañado protagónicamente en un largo proceso de reducción de la pobreza y acceso de derechos y libertades. Pero Lula está también incluido por la justicia brasileña en la trama de corrupción pública y de sobornos público-públicos y privado-públicos que alcanzó hasta al Partido de los Trabajadores (PT), la organización política del ex presidente.

Por tal motivo, el largo debate de los once miembros del Supremo Tribunal Federal (STF) que rechazaron esta semana por seis votos contra cinco el hábeas corpus de Lula para evitar que ingrese a prisión, se refirió en términos muy generales a las demandas de Lula respecto al proceso y más a su calidad de ex presidente y al caso Lava Jato.

La decisión del STF estuvo rodeada de un clima de presiones que llevaron a pronunciamientos claramente golpistas de altos jefes militares. Imposible abordar estas y otras decisiones judiciales sin ese contexto. Al apreciar ese escenario, no puede prescindirse de las responsabilidades políticas de Lula en la corrupción, desde el famoso caso de los sobornos a los parlamentarios (“mensalao”), y tampoco obviarse la endeble acusación contra el ex presidente en el juicio específico por el que fue condenado, donde el cargo máximo contra él fue de corrupción pasiva a través de actos indeterminados.

Ahora mismo existe una escasa discusión sobre la idoneidad del fallo contra Lula, a lo que se agrega la decisión del juez Sergio Moro de adelantar su encarcelamiento, un acto final que dejará la impresión de que no ha sido condenado por el caso de departamento de Guarujá (Sao Paulo) sino como un pronunciamiento de hondo significado político. El caso de la destitución de la ex presidenta Dilma Rousseff fue muy parecido.

El giro que toma el caso lo aleja de lo judicial. La prisión de Lula ya es vista desde nuevas dimensiones, desde el principio de que nadie está por encima de la ley hasta la explicación de que en la cabeza de Lula se ejecuta un delicado plan para restaurar el poder de los grandes grupos económicos. Ayuda a esta última perspectiva el hecho de que sobre el actual presidente, Michel Temer, se tienen más evidencias y pruebas, pero que no ha caído porque la coalición que lo sostiene en el Congreso lo ha defendido con uñas y dientes, o demora los procesos a la espera de la victoria electoral de octubre.