Solicitan al TC anular decreto sobre cuestión de confianza

La Republica

Contrapeso. Bancada de Peruanos Por el Kambio presentó ayer demanda contra Decreto Legislativo 007 que modificó Reglamento del Congreso y que altera los temas de censura y cuestión de confianza establecidos en la Constitución.

La bancada de Peruanos Por el Kambio (PPK) presentó ayer una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Decreto Legislativo N° 007, por el cual el Congreso cambió las reglas de juego establecidas en la Constitución de la República al modificar el artículo 86 de su reglamento sobre los temas de pedido de confianza y la figura de la censura.

La bancada oficialista interpuso esta demanda en vista que el decreto contraviene los artículos constitucionales N° 43 relativo al equilibrio de poderes del Estado N°103, referido a que, entrada en vigencia, la ley no tiene efecto retroactivo; y a los artículos N°105, N°132, N°133 y N°134, relacionados con los temas de pedido de confianza, censura y disolución del Congreso.

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La demanda establece que el decreto atenta contra los principios de equilibrio y colaboración entre los poderes del Estado, así como los de deliberación pública y de primacía de la Carta Magna. Firmaron también la demanda Jorge del Castillo (Apra), Gloria Montenegro (APP) y Kenji Fujimori (No agrupados).

Cuestión de fondo

La demanda sostiene que con la resolución se atenta la gobernabilidad política, al darle al Congreso un poder desproporcionado frente al Ejecutivo; y en ese sentido, lo coloca en una situación de desventaja por medio de una medida de rango inferior, como es un decreto.

Considera además que desnaturaliza las funciones y competencias de los diversos poderes públicos. Asimismo, establece que el reglamento, tal como ha quedado modificado, impide que el presidente nombre a los ministros de su gabinete anterior en uno posterior, una vez producida la crisis total del gabinete. Con este cambio, el presidente no podría cerrar el Congreso, dado que no contaría la censura del gabinete Zavala.

El reglamento –de acuerdo a la demanda– no permite interponer una cuestión de confianza cuando se trata de la aprobación de una ley, o de un procedimiento de control político. Con este cambio de reglas, el presidente del Consejo de Ministros no podrá plantear la cuestión de confianza por casi ningún tema, atentando –de acuerdo a la demanda– con el principio de equilibrio de poderes.

Infundado

El constitucionalista Samuel Abad dijo esperar que el decreto quede infundado ante el TC al calificarlo de "inconstitucional", pues asume competencias que no tiene y distorsiona el modelo constitucional vigente al restringir la cuestión de confianza, así como la potestad presidencial de disolver el Parlamento.

"El Congreso, en ejercicio de su autonomía normativa, solo puede autorregular su organización y funcionamiento. No puede abordar materias de competencia del Poder Ejecutivo, como la cuestión de confianza y la disolución del Congreso. Se está vulnerando la Constitución, pues el Reglamento pretende limitar la atribución del Ejecutivo de plantear la cuestión de confianza ya que no procede si se solicita para impedir la censura de un ministro", explicó.

En ese sentido, Abad dijo que habrá que esperar el pronunciamiento del TC.

No pueden usar el Reglamento contra lo establecido en la Ley

- La congresista Gloria Montenegro (APP) manifestó que su firma en la demanda elevada al Tribunal Constitucional es una "protesta" contra el decreto legislativo que modifica los procesos establecidos en los temas de pedido de confianza y censura.

"Lamentablemente en el Congreso están pasando situaciones que afectan al país y se hace a través de un cambio en el reglamento. Tenemos que encaminar nuestro trabajo en mejorar nuestra democracia. Tenemos que poner un pare", dijo la legisladora.

Informó que presentará un proyecto de Ley para evitar la segunda exoneración, salvo en casos de defensa de Estado.

Montenegro sostuvo que con este cambio reglamentario no solo se modifican los temas de censura, sino que se pretende proteger los puestos de los congresistas.