Sala Penal evalúa allanamiento de casas de Yoshiyama y Bedoya

Admitieron a trámite recursos presentados por exministros fujimoristas que habrían recibido aportes de Barata para Keiko.

13 Mar 2018 | 21:50 h

La Segunda Sala Penal Nacional de Apelaciones evaluará los recursos de apelación planteados por Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya contra el allanamiento de sus inmuebles realizado el 5 de marzo por el fiscal José Domingo Pérez Gómez, tras la declaración de Jorge Barata, quien dijo a los fiscales peruanos que a través de ellos dio 1.2 millones de dólares para la campaña de Keiko Fujimori el 2011.

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El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, que preside Richard Concepción Carhuancho, admitió a trámite los recursos que buscan declarar infundado el requerimiento fiscal de allanamiento e incautación de bienes.

La resolución dice que los recursos de apelación, que pretenden la devolución de los bienes y enseres incautados, cumplen con los presupuestos subjetivos, objetivos y formales como medio impugnatorio, de manera que serán resueltas por una instancia superior (Sala Penal de Apelaciones).

Debido a que la familia de Yoshiyama no abrió la puerta a las autoridades, se tuvo que emplear la fuerza para el descerraje y de esa forma ejecutar el registro domiciliario y de las personas presentes, así como la incautación de dinero, documentos, libros y registros de empresas vinculadas a los investigados o a Fuerza Popular.

En el acto se confiscaron también los libros de actas, registros de comprobantes de ingresos y de gastos, y la documentación contable y administrativa relacionada con la campaña electoral de 2011, incluidos equipos de cómputo.

Durante el allanamiento, la esposa de Jaime Yoshiyama, María Sasaki, trató de esconder un CPU en la maletera de su vehículo, pero los fiscales se dieron cuenta y realizaron la confiscación.

Entre las pertenencias de Yoshiyama también se halló una tarjeta personal de Jorge Barata, en la que anotó el nombre y teléfono de Guto Baiardi, quien es pariente de un alto funcionario de la constructora brasileña, Odebrecht.

La diligencia fiscal en los inmuebles de ambos exministros se efectuó en el marco de la investigación por presunto lavado de activos contra Fuerza Popular y Keiko Fujimori, por los presuntos aportes de entregados por la constructora brasileña.

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