Crisis (total) de confianza

El Congreso contamina el sistema político al tratar de limitar las funciones del Ejecutivo y vulnerar la Constitución.

11 Mar 2018 | 6:05 h

Por si faltaba un ingrediente para turbar aún más el panorama político, el Congreso de la República acaba de perpetrar un nada velado ataque a la Constitución: vía una resolución legislativa, ha alterado los artículos 133 y 134 de esta al limitar las funciones del presidente del Consejo de Ministros y del presidente de la República. Ha hecho, al viejo estilo noventero, una “interpretación auténtica”.

El primero de estos artículos establece que si el premier plantea al Parlamento una “cuestión de confianza” (defender a sus ministros cuando la confianza les es negada), o si se le censura o renuncia, se produce una crisis total del gabinete. El 134, a continuación, sostiene que si esto se produce dos veces, el jefe del Ejecutivo puede disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones parlamentarias.

La palabra ‘total’ es la clave de la triquiñuela. Según el congresista Mauricio Mulder, impulsor de este esperpento legal, como en la ocasión anterior –cuando fue censurado el gabinete presidido por Fernando Zavala, por rechazársele la confianza– volvieron algunos ministros, no se produjo esa crisis total de la que habla el artículo 133.

La Constitución no precisa nada al respecto. No dice si pueden volver uno, dos o más ministros para que esa crisis total sea válida. Pero incluso si esa falta de precisión diera pábulo a interpretaciones, lo que de ningún modo puede hacer el Legislativo es decirle al Ejecutivo, vía una resolución, qué es lo que debe hacer. Nos es casual que la mayoría de constitucionalistas consideren este acto como extraviado.

Samuel Abad, Víctor García Toma, Aníbal Quiroga y otros especialistas saben de lo que hablan cuando coinciden en señalar que lo que está haciendo el Parlamento es usar políticamente su poder para bloquear al Ejecutivo. Para evitar su disolución, en último análisis. Y además para, en la actual coyuntura, arrinconar a Pedro Pablo Kuczynski o a Martín Vizcarra, si finalmente se produce ese cambio.

Dado que, por esta reinvención del mundo legal, la primera crisis de gabinete no vale, entonces hay dos crisis posibles más hasta que un mandatario encimado decida convocar a nuevos comicios para el Congreso. En los tiempos que corren poner eso en el camino es infectar, con exceso, la situación, cuando no evidenciar algo que la ciudadanía suele observar con furia: que nadie quiere perder su curul.

El gobierno ya ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC), para que revierta esta resolución que, todo indica, fue urdida interesadamente por el fujimorismo (vía Úrsula Letona) y el aprismo, dos grupos que parecen querer beneficiarse del caos político creciente. Y que increíblemente contaron con el despistado apoyo de parlamentarios de otras bancadas.

Lo esperable es que el TC derogue esta norma, ya que el Congreso no muestra ánimos de retroceder. Es alarmante que justo cuando la clase política, y las instituciones, necesitan superar la actual crisis con sobriedad, con inteligencia, se apele a este recurso que no hace más que convertir la palabra ‘confianza’ en un guiñapo.

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