El partido oculto

En democracia no rige el principio de “con mi plata hago lo que quiero”.

3 Mar 2018 | 6:00 h

Las declaraciones de Jorge Barata sobre un aporte de US$ 200 mil a la Confiep para que sea utilizado en la campaña en favor de Keiko Fujimori y contra Ollanta Humala, en las elecciones del año 2011, revisten una importancia decisiva en la lucha por la transparencia pública y la vigencia de las reglas de juego de la democracia.

Durante siete años, la Confiep y varios de sus directivos negaron que como élite empresarial hayan organizado una colecta de dinero para impedir el triunfo de Humala. Pocas horas después de las declaraciones de Barata, inclusive, la Confiep aseguraba que entonces se encontraba ajena a una intervención financiera en la campaña electoral, aunque luego de la intervención de la fiscalía en sus instalaciones, debió admitir que organizó el recaudo de US$ 2 millones, dinero al que concurrió el aporte de la empresa Odebrecht.

Sin la intervención de la fiscalía y el acceso a la documentación gremial no hubiese sido posible que se conozca esta información. En adelante, serán las investigaciones las que determinen la naturaleza de esa operación y sobre eso deberán responder, si hay lugar a ello, quienes dirigieron en ese momento dicha institución empresarial. Se sabrá si los fondos recaudados salieron legalmente de las empresas y si fueron objeto de las rendiciones tributarias correspondientes.

En el ámbito político la discusión es más inmediata y cruda. La campaña en favor del fujimorismo es presentada como ejercicio natural y normal de los gremios empresariales y de su derecho a realizar actividades publicitarias en defensa de la libertad económica. No obstante, el contenido de esa campaña es de claro favorecimiento de una candidatura como de crítica a otra, de modo que no se debe ser muy perspicaz para entender, como entonces se entendió, que el gremio empresarial más importante del país ingresó de lleno al proceso electoral con dinero en la mano y presiones políticas para imponer a su candidato. Aquella vez no se tenían datos firmes que ahora existen.

Esta participación electoral directa también pretende ser explicada dentro de la libertad de expresión; no obstante, a pesar de no ser ilegal, está fuertemente reñida con el ideario independiente que el estatuto de la Confiep dispone, y los códigos de ética, responsabilidad empresarial y de buen gobierno corporativo de las empresas mencionadas. En este punto, habría que recordar que el alineamiento empresarial en favor del fujimorismo llevó al ejercicio de una presión insistente de algunos medios, resultado del cual fue el despido de varios periodistas que se mantuvieron en una posición independiente.

Más aún, voces cercanas al fujimorismo, o parlamentarios de ese grupo, han defendido la partidización del citado gremio con el argumento de que cada quien puede hacer lo que quiera con su dinero. Lamentablemente para ellos, eso no es posible en un régimen democrático, sin vulnerar los derechos individuales de elegir y ser elegidos y la garantía de que el voto debe ser libre.

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