En vivo y en directo

Que se sepan las verdaderas razones de la ley del esclavismo juvenil.

27 Feb 2018 | 6:05 h

La mal llamada Ley de Modalidades Formativas, congelada luego del rechazo generalizado de la opinión pública, ha motivado las críticas de dos centros de capacitación técnica de reconocida calidad: el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO) y el instituto CIBERTEC. En ambos casos han cuestionado la falta de sensibilidad de la ley respecto de la inserción de los jóvenes en el mercado y que propenda a un trabajo gratuito disfrazado de formación.

El resto de instituciones educativas han guardado silencio; solo se ha escuchado la voz de la dirigente fujimorista Isabel León que se desempeña como directiva de la Asociación de Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas Superiores del Perú (Asiste Perú), en cuyo caso no se sabe si interviene en su condición de fujimorista o dirigente gremial.

El panorama requiere aclararse debido a que por lo menos dos instituciones miembros de Asiste Perú, el ya mencionado CIBERTEC y la Cámara de Comercio de Lima, han expresado serios reparos a esta polémica iniciativa.

En esa dirección, llama la atención el silencio del Ministerio de Educación (MINEDU), aparte de una declaración genérica de su actual titular. Debe saberse en este punto que, sospechosamente, esta ley fue dictaminada sin la opinión especializada del MINEDU, una grave omisión considerando que se trata del ente rector en materia educativa. El dictamen de la norma fue elaborado con el sigilo propio de los lobbies, al punto que la única opinión –para señalar que no se encuentra entre sus competencias– fue de la SUNEDU.

Descubierto el lobby, corresponde que en el debate se expresen con libertad las partes implicadas. En referencia a los institutos, no ha funcionado la vocería encargada a la legisladora Rosa Bartra, que ha demostrado falta de información y de formación en este campo. Como en otras normas en debate, se debe escuchar en vivo y en directo a los promotores y propietarios de los centros de enseñanza y prescindirse de los ventrílocuos, a lo que habría que agregarse la necesidad de evitar que los institutos superiores aparezcan apadrinados por Fuerza Popular.

En este debate nacional debe establecerse si la ley era una forma de evitar la implementación de la nueva Ley de Institutos de Formación Tecnológica aprobada el año 2016, específicamente las obligaciones de equipamiento y de recurso humano calificado, requisitos para el licenciamiento. Debe explicarse del mismo modo por qué el lobby y su legisladora reclutada intentaron establecer una modalidad de convenio con las empresas distinta de la establecida por la ley.

Es saludable que esta frustrada norma ponga sobre la mesa la desatención del Estado a este nivel formativo superior e impulse un proceso de supervisión de este servicio educativo. No es justo que los institutos más abandonados –llamados “pobres” en el lenguaje discriminador de la legisladora Bartra– encaren esta nueva oportunidad teniendo en contra suya a las instituciones que precisamente deben financiarlas, controlarlas y elevar sus capacidades.

Te puede interesar