Punto final

No hay otra salida que la urgente reforma del CNM.

26 Feb 2018 | 6:05 h

Luego de una escandalosa pugna interna y externa, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) designó un nuevo presidente para el período 2018-2019. El titular de este organismo constitucional, Orlando Velásquez, fue elegido por unanimidad luego de que en dos votaciones previas ningún candidato obtuviese la mayoría.

Esta elección fue precedida de documentadas denuncias sobre las interferencias de Fuerza Popular en esta institución, que incluyeron citas no oficiales en las que el parlamentario Héctor Becerril presionó por el cambio de voto de, por lo menos, un magistrado, y promesas respecto a las iniciativas de ley para reformar el CNM. Este ir y venir de trámites oscuros presagian que la elección agravará la situación crítica de este organismo, y que continuarán los trasiegos sospechosos en la toma de decisiones y la sujeción de sus miembros a las estrategias políticas y a grupos de poder.

Las dos facciones en pugna no se diferencian respecto a su actitud sobre la administración de justicia o la mejora de su misión. La elección misma de los miembros del CNM el año 2015 estuvo repleta de irregularidades. El nuevo titular, al momento de ser designado representante de las universidades púbicas, tenía por lo menos una decena de investigaciones en curso, en tanto que su resistencia violenta a la aprobación de la Ley Universitaria no lo hacía recomendable para el cargo. Hoy se tiene al frente de la institución que vigila la corrección de los jueces y elige a los jefes de la ONPE y RENIEC, a quien tiene que explicarle mucho a la justicia.

No es el único caso; la mayoría de sus miembros tiene serios cuestionamientos y su pertenencia al CNM fue en su momento objeto de tachas por razones de forma y de fondo. Su flamante ex presidente tiene un evidente conflicto de intereses por su dedicación a formar jueces que luego él evalúa; otro de sus miembros no ha aclarado sus relaciones con los operativos de Vladimiro Montesinos; y a otro se le recuerda por su actitud complaciente con el grupo Colina.

Con lo sucedido, el CNM ha tocado fondo y el único trámite que queda en defensa de este organismo es su profunda reforma. Este, que es quizá el cambio más urgente que necesita el sistema peruano, está paralizado en el Congreso. Gracias a la alianza tejida a partir de compadrazgos –la esposa de Becerril es funcionaria del CNM y se afirma que el fujimorismo tendrá una cuota de jefes regionales de la ONPE (las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, ODPE, encargadas de las elecciones de octubre)–, los 8 proyectos de ley no alcanzarán la luz.

Esta institución desprestigiada será la que en breve designe a los 43 magistrados que integrarán la Sala Penal Nacional y del Sistema Anticorrupción, que juzgará los casos de la corrupción brasileña, nombrarán nuevos fiscales supremos y vocales de la Corte Suprema de Justicia y los que tienen en sus manos un silencioso proceso contra el fiscal de la Nación, impulsado por el fujimorismo en caso falle la acusación constitucional en el Congreso. No hay otra salida que el cambio.

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