Contra el Estado

Razones de las sinrazones contra la libertad de expresión.

25 Feb 2018 | 6:05 h

El gobierno ha señalado, por intermedio de la premier Mercedes Aráoz, que observará la ley sobre publicidad estatal que debate actualmente el Congreso si no se modifican los aspectos que hacen de esta iniciativa violatoria de la libertad de expresión. A su vez, ante el Estado peruano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, ha cuestionado severamente el proyecto porque considera que la medida propuesta resulta excesivamente costosa o desproporcionada para el ejercicio de las libertades informativas en su doble dimensión, el derecho privado a difundir información y el acceso a la información plural.

Este delicado asunto se ha transformado en una disyuntiva que se ubica más allá de la capacidad legislativa del Congreso. Su debate es un parteaguas sobre el contenido material de las libertades. Hasta ahora, en la historia reciente de América Latina, solo los gobiernos autoritarios de derecha e izquierda habían hostigado a los medios privados en beneficio de sus intereses que presumen o que disfrazan como del Estado.

En nuestro caso, la dinámica es distinta pero el fondo es el mismo. No es el Gobierno sino el Congreso el que pretende cortarle las alas a la prensa independiente, ahogando al Estado mismo. En esa misma dirección, y vistas las ideas expuestas, es una iniciativa que se cree perjudica al Gobierno, pero que finalmente debilita al Estado y a las libertades.

Cuesta pensar que se origine en una facción del Apra, un partido que en los últimos quince años se había alineado resueltamente con el ideario de las libertades en la región, recusando las experiencias de gobiernos que expropiaron la libertad de expresión.

Debe ser incómodo para el casi centenario partido verse ahora en el mismo lado de Maduro, Chávez, Correa y Kirchner, y habría que preguntarse por las razones que los impulsan a asumir este enorme costo autoritario.

El encono frente a la prensa, crítica de los dos gobiernos de Alan García, no es un argumento suficiente, y es probable que la respuesta final se encuentre en el afán de debilitar las capacidades promotoras y reguladoras públicas, completando el giro conservador y en reversa de ese grupo político. La facción aprista que impulsa esta ley y que lleva a cabo una feroz campaña contra la libertad de expresión es aquella que ha retornado su relación con los poderosos.

El desarrollo del debate ha tenido algunas reacciones en el fujimorismo. De una completa solidaridad con el proyecto de ley, jalado de las narices en una iniciativa que parecía una venganza contra los medios, ha pasado a algunas diferenciaciones quizá debido a su deseo de no tener las manos atadas en un eventual gobierno fujimorista.

No obstante, queda claro que con cálculos electorales o sin ellos, con venganzas o acomedidos deseos de agradar a los grandes poderes, el proyecto que pretende impedir que el Estado contrate publicidad, informe y rinda cuentas no forma parte del futuro. Es el pasado servido en la misma copa.

Te puede interesar