Se acabó la gracia

La justicia nacional confirma que las decisiones de poder son objeto de control.

21 Feb 2018 | 6:05 h

En una sentencia ejemplar, y de forma unánime, la Sala Penal Nacional B declaró inaplicable el derecho de gracia concedido por el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a Alberto Fujimori y resolvió que este sea procesado como autor mediato en el caso Pativilca.

Como se sabe, en este caso, Fujimori es procesado por hechos igualmente execrables como los de La Cantuta y Barrios Altos. En enero de 1992, miembros del Grupo Colina, encabezados por el entonces Mayor EP Santiago Martín Rivas, secuestraron a seis ciudadanos en Pativilca (provincia de Barranca) en base al cargo de que eran terroristas, los torturaron con quemaduras de soplete y los asesinaron con disparos en la cabeza.

Con la decisión adoptada en esa instancia, la justicia peruana ha desestimado la pretensión concurrente de la defensa de Fujimori y del procurador del Estado –que como se recuerda fue cambiado un día antes de que se realice la audiencia del control de este caso– de excluir al imputado del proceso y que la Sala Penal Nacional convalide el derecho de gracia otorgado por PPK, considerando que se trata del ejercicio de una prerrogativa presidencial que no requiere mayor requisito que la expresión de voluntad del jefe de Estado.

En el orden legal constitucional, ha quedado formalmente desvirtuado una vez más el increíble argumento de que el jefe de Estado puede extender una gracia presidencial a quien quiera, del modo en que desee y sin atenerse al control de otro órgano. La decisión de la Sala ha implicado el correcto ejercicio de control difuso y, al mismo tiempo, la emisión de un mensaje claro de la justicia respecto a que ningún acto de la autoridad en nuestro régimen democrático, por más alta que sea su investidura, se encuentra exento de control.

En tal sentido, los magistrados han señalado que la gracia presidencial es una potestad del presidente, pero esta se encuentra sujeta a diversas normas y criterios jurisprudenciales nacionales e internacionales, y por lo tanto debe seguir el procedimiento previamente establecido y contar con una motivación válida y suficiente.

En el orden legal procesal, la Sala ha señalado que la gracia presidencial otorgada a Fujimori es incompatible con los deberes de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos, siendo además una medida que colisiona con los DDHH amparados en nuestra Constitución. Los magistrados han señalado que en este caso no se cumple el plazo formal, que es que la instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria.

La resolución será objeto de apelación por la estrategia conjunta que lamentablemente llevan adelante el procurador del Ministerio de Justicia y la defensa de Fujimori. No obstante, lo realizado hasta este momento confirma los vacíos y desordenes de una decisión presidencial arbitraria, carente de motivación y privada de su sentido humanitario, que se suponía era su principal atributo, un precedente importante para la esperada resolución de la Corte Interamericana de DDHH.

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