El caso Arlette Contreras

Cómo pasar de la indignación y el populismo a la eficacia.

18 Feb 2018 | 6:05 h

Colegiado Penal de Huamanga perteneciente a la Corte Superior de Justicia de Ayacucho absolvió por mayoría a Adriano Pozo Arias de los delitos de feminicidio y violación sexual en grado de tentativa contra su entonces pareja, Arlette Contreras. Este emblemático caso fue objeto de una primera resolución en la que condenaba a Pozo a solo un año de prisión y una posterior decisión que volvió el proceso a fojas cero.

La decisión de absolver a Pozo a pesar de las pruebas ciertamente colisiona con el sentido común y subleva a los peruanos porque expone la clamorosa falta de rigor judicial y el ilimitado espacio para la impunidad en los casos de violencia contra la mujer y de violación sexual.

La sentencia expedida por los jueces ayacuchanos desoye fundamentos básicos de la doctrina penal y confirma la ignorancia de cierto grupo de magistrados respecto del tipo penal del feminicidio introducido en nuestra legislación, una realidad a la que concurren las opiniones que consideran que la fiscalía no debió presentar la demanda por este delito sino por homicidio y lesiones. Es doloroso que ni los abogados entiendan la peligrosidad que para las mujeres entraña la posibilidad de ser asesinadas precisamente por ser mujeres.

La sentencia que deja en la impunidad los delitos cometidos contra Arlette rescata argumentos del viejo baúl machista que sostenían que para que una violación sea tal hace falta que se acredite la resistencia de la víctima. Es decir, para los jueces que liberaron de responsabilidad a Pozo Arias, no es suficiente para que se entienda que significa que es no. El video con las escenas del agresor desnudo arrastrando a su víctima carece de valor para estos magistrados.

Aun así, en su sentencia, los magistrados solo valoran el comportamiento de la víctima antes de su ingreso al hotel en la terrible noche del 15 de julio del año 2015 en Huamanga y concluyen tácitamente que porque consintió ingresar a dicho establecimiento no tenía derecho a negarse a tener relaciones íntimas. Terrible precedente el que sientan los jueces de esta causa para el futuro: en el Perú, basta que una mujer ingrese a un hotel para que se presuma su consentimiento para sostener relaciones sexuales.

La reacción consabida de los políticos y en general de los tomadores de decisión no permite un juicio serio de este caso y un resultado provechoso. De pronto, parlamentarios y ministros creen que ante este tipo de casos su función se agota en la indignación y en la emisión de mensajes radicales a través de las redes sociales. El rito de la “indignación nuestra de todos los días” no los exime de adoptar decisiones, y no aquellas de corte populista y demagógica al estilo de “me retiro de la Corte IDH” o “que vuelva la pena de muerte”.

De ellos se pide reflexión, análisis serio, balances exhaustivos, coordinación interinstitucional y reajustes de fondo en la política criminal a través de normas y arreglos institucionales. Señores, transciendan de la indignación a la eficacia; no jueguen con la indignación.

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