Con viada

El debate público de la Ley de Regulación de Fusiones y Adquisiciones Empresariales.

15 Feb 2018 | 6:05 h

La Comisión de Economía del Congreso ha prepublicado el proyecto de la Ley de Regulación de Fusiones y Adquisiciones Empresariales propuesto por el legislador Jorge del Castillo, iniciando el acopio formal de opiniones y debate, con el objetivo de que esta importante norma sea aprobada en la legislatura próxima a iniciarse.

Esta es la primera vez que concurren condiciones que permiten presumir que la norma será finalmente sancionada. La discusión inicial a raíz de la concentración del sector farmacéutico y la reciente alerta de FMI sobre la concentración bancaria no ha sido contestada como en el pasado por posiciones extremistas en nombre del mercado. Al contrario, se aprecia una tendencia en favor de la norma provenientes del sector empresarial y de centros de análisis de mercados. Al respecto, habría que recordar que el presidente de CADE 2017, Drago Kisic, señaló previo a la cita empresarial de diciembre pasado que esta regulación era legítima.

El proyecto en debate público cumple los estándares de una norma orientada tanto a proteger a los consumidores como promover y defender la libre competencia, una carencia que tiene la actual Constitución. Propone figuras novedosas como una evaluación previa de las compras empresariales cuyos resultados no adquirirán título ejecutivo o serán vinculantes.

La iniciativa parte de la idea de que el Estado asume la potestad de autorizar las fusiones y adquisiciones que no impliquen una “restricción significativa” de la competencia efectiva. En ese punto, es preciso mejorar el proyecto para determinar con detalle hasta qué punto los consumidores y la regulación pública pueden tolerar una disminución de sus derechos frente a la oferta, y en qué medida estas restricciones pueden transformarse en perjudiciales con el paso del tiempo. Por esa razón importan mucho las condiciones que la agencia del Estado coloque a la operación empresarial antes de autorizarla y la supervisión de esta, en una lógica de control ex ante y ex post.

De modo correcto, el proyecto establece que es obligatorio, so pena de sanción, la notificación previa de las fusiones y adquisiciones, y el establecimiento de un umbral a partir del cual las operaciones deben ser autorizadas. Este umbral se fijará mediante un decreto y depende de ese monto la cantidad de empresas incluidas en los alcances de la ley. De acuerdo a las experiencias en la región y en los países de la OCDE, el Estado peruano debe escoger si este umbral se fija a partir de los activos, el volumen de ventas u otras consideraciones.

Para que la ley tenga efecto es indispensable que los arreglos institucionales sean exitosos. Ello implica dotar a Indecopi de los instrumentos del caso para que el proceso de evaluación de la fusión o compra sea ágil y certero. Si los plazos de la comisión a crearse van a operar con los estándares de las actuales salas de Indecopi, se avanzará poco, considerando que la mayoría de legislaciones en este caso contemplan procesos rápidos que impiden vacíos en la gestión corporativa.

Te puede interesar