La táctica del silencio

El Congreso no quiere debatir una ley que reemplace al DU Nº 003.

11 Feb 2018 | 6:05 h

A pocos días de expirar el plazo de vigencia de del Decreto de Urgencia Nº 003, el Ejecutivo ha enviado al Congreso un proyecto de ley que sustituya los efectos de esta norma, pero la mayoría oficialista se resiste a debatirlo con preferencia, como corresponde a los proyectos enviados por el Gobierno, de acuerdo al mandato de la Constitución. En ese contexto, es probable que, de existir un vacío de tiempo sin legislación, las empresas vinculadas a los casos del Lava Jato peruano podrían adoptar decisiones que terminen perjudicando al país.

El mencionado decreto que fue dictado por el Gobierno para cautelar los derechos del Estado en los casos de la corrupción brasileña, garantizar que la cadena de pagos no se interrumpa y facilitar el juzgamiento de los responsables de los delitos, no ha rendido los resultados esperados. Por esa razón se precisa de una norma que además de lo señalado, favorezca los procesos de colaboración eficaz.

El proyecto enviado por el Ejecutivo es perfectible, pero atiende varios de los problemas detectados en el DU 003. Por ejemplo, establece la disposición de montos base destinados al pago de las reparaciones civiles, clasificando a las empresas de acuerdo a su relación con el proceso: las que están bajo investigación fiscal, las consorciadas y aquellas condenadas o que han confesado actos de corrupción. De acuerdo con esta clasificación, a las empresas condenadas o confesas se les retendrá con cargo a un fideicomiso el 50% de las utilidades que generen con los proyectos de inversión que tienen con el Estado y el 10% de todos los pagos que el Estado les pueda hacer. A las consorciadas, se les retendrá el 50% de los dividendos o patrimonio por su participación en alguna asociación público privada (APP) y el 10% del valor total del proyecto.

Del mismo modo, es positiva la creación de la figura de colaboración eficaz para las empresas con obligación de informar a la fiscalía y sujetas a un sistema de intervención de auditores que tendrán acceso irrestricto a la información financiera real de las empresas.

Llama la atención la resistencia del fujimorismo a tratar este proyecto de ley, considerando que, en noviembre pasado, aprobaron una norma referida precisamente a superar las deficiencias del DU 003 en un debate en el que participaron todas las bancadas. Es aún más cuestionable que el presidente del Congreso, sin consultar a las bancadas o a la comisión dictaminadora o someter el proyecto a la Junta de Portavoces, rechace la iniciativa legal a nombre de un Congreso que preside pero que no lo representa en su totalidad.

Podría ser que el fujimorismo no desea comprometerse con cualquier iniciativa legal de lucha contra la corrupción bajo cualquier argumento, con el deseo de que en este como en otros asuntos prime la impunidad. A estas alturas, los casos en curso indican que existen grupos políticos que serán favorecidos con el silencio de los acusados y que por esa razón temen cualquier iniciativa en favor de la colaboración eficaz.

Te puede interesar