Sabia decisión

La Corte Interamericana de DDHH garantiza la independencia del TC que el Congreso pretendía violar.

10 Feb 2018 | 6:00 h

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha dispuesto que el Estado peruano archive el proceso de acusación que se sigue en el Congreso de la República contra los magistrados del Tribunal Constitucional Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña, en relación a una votación sobre el caso El Frontón.

De acuerdo a la Corte IDH, el caso le compete porque la decisión de los magistrados del TC sobre el recurso de ex miembros de la Marina de Guerra del Perú procesados por ejecuciones extrajudiciales en este caso podría incidir en dicho juicio oral. Por lo mismo, señala que su solicitud de archivamiento tiene como propósito que los deudos de las víctimas del caso El Frontón obtengan un acceso a la justicia sin interferencia en la independencia judicial. La Corte también pide al Perú que presente a más tardar el 15 de abril de 2018 un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución.

En la historia de este caso, el fujimorismo había avanzado hasta a la puerta del horno. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dirigida por Fuerza Popular aprobó en diciembre un informe final que propone la inhabilitación por 10 años de uno de los magistrados denunciados y la suspensión de los otros tres miembros del TC, acusándolos a todos de haber modificado el año 2017 una resolución sobre el caso El Frontón del año 2013. Los acusados sostienen que solo corrigieron la contabilidad de los votos en dicha sentencia.

El proceso puso sobre la mesa la voluntad del fujimorismo y sus aliados de concretar la toma del TC por la vía del cambio en la composición de este organismo, interrumpiendo el período por el que fueron elegidos. Los cuatro magistrados fueron denunciados por los mismos motivos y se pidió para ellos las mismas sanciones; sin embargo, afectando el principio de igualdad, la mayoría fujimorista, y con el propósito de alcanzar los votos necesarios, propuso reducir las sanciones a otros magistrados, centrando la destitución en uno para luego elegir a su reemplazo.

La decisión de la Corte es saludable. El mecanismo de protección que se ha activado vía esta resolución garantiza el sentido autónomo de un organismo cuyo diseño constitucional precisamente se preocupa de ponerlo a salvo de las pasiones de la política cotidiana y partidaria. Se espera que así lo entienda el Congreso e internamente el magistrado del TC que en primera instancia organizó la denuncia contra sus colegas trasladando argumentos e información a los acusadores.

Las primeras reacciones en el Congreso son en tono de batalla. El vocero de Fuerza Popular, Héctor Becerril, ha calificado la decisión de la Corte de injerencia abusiva, en tanto que el representante de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, ha señalado que el Congreso es totalmente soberano y no tiene por qué hacerle caso a una corte muy mediocre. Van quedando claras las opciones; no pueden aspirar a dirigir la democracia peruana los partidos que se adhieren a la campaña autoritaria regional contra la justicia supranacional.

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