Contradictoria postura del Ejecutivo sobre ley que afecta a pueblos en situación de aislamiento

Redaccionlr

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26 Ene 2018 | 18:00 h

Polémica ley 30723. El Ministerio de Cultura advirtió al Congreso una serie de riesgos por la eventual aprobación de una ley sobre construcción de carreteras en zonas fronterizas de Ucayali, pero gestión de Aráoz nunca observó la norma.

El pasado 4 de diciembre, el aún ministro de Cultura, Salvador del Solar, envió dos informes detallados al titular del Congreso, Luis Galarreta, advirtiendo los riesgos y la vulneración de derechos de los pueblos indígenas, ante la eventual aprobación del proyecto de ley 1123.

Tres días después, el Congreso hizo caso omiso a las observaciones y aprobó la norma, que declara de interés nacional la construcción de carreteras en la zona fronteriza de Ucayali, supuestamente, “bajo el irrestricto respeto a las áreas naturales protegidas y los pueblos indígenas”.

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Si bien el Ministerio de Cultura, como parte del Poder Ejecutivo, hizo la observación en su momento, se omitió observar la autógrafa de la norma, tras su aprobación en el Congreso. Simplemente se dejó que el tiempo pasara, sin adoptar ninguna medida.

Por esta razón, el lunes 22 de enero, apenas un día después de que el papa Francisco se despidiera del Perú, el mismo Parlamento promulgó el texto convertido en la Ley Nº 30723, “Ley que declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en el departamento de Ucayali”.

LAS OBSERVACIONES

Uno de los documentos enviados por Del Solar es el informe 178-2017, firmado por Ángela Acevedo, directora de Derechos de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura.

El documento advierte que en la zona de frontera de Ucayali “se ubican la Reserva Indígena Isconahua y la Reserva Indígena Murunahua”. A ello se suma una tercera reserva indígena, Mashco Piro, que “también podría estar sujeta a una superposición en el posible trazo de ruta para la construcción de carreteras”.

Es más, el Ministerio de Cultura alerta sobre “207 comunidades nativas que pertenecerían a 15 pueblos indígenas” ubicados en los distritos de la frontera de Ucayali.

“La alta situación de vulnerabilidad de los PIACI (pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial) sobre todo a nivel inmunológico, sociocultural y territorial hace necesaria la protección de su vida”, enfatiza el documento.

El segundo informe Nº 50-2017, de contenido más bien jurídico, hace hincapié en que una norma de este tipo necesariamente debe pasar por el cumplimiento del derecho de Consulta Previa. Asimismo, recuerda la vigencia de la Ley 28736, que obliga al Estado a garantizar los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento.

Tamaña preocupación del sector Cultura, sin embargo, contrasta con el pronunciamiento publicado ayer en forma conjunta por los ministerios del Ambiente, Transportes e incluso Cultura.

El comunicado se limita a señalar que la Ley 30723 es una norma declarativa del Congreso, dejando entrever que no tendrá mayor relevancia; pues, según agregan, tampoco se tiene planeado construir carreteras en la zona fronteriza de Ucayali.

PREOCUPACIÓN VIGENTE

Para Ismael Vega, director del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), “el Ejecutivo ha guardado un silencio acordado con el Congreso”. Según recordó, la norma salió en el contexto del pedido de vacancia por incapacidad moral de Pedro Pablo Kuczynski.

Si bien el Ejecutivo ayer dijo que la norma no tendría mayor impacto, por ser declarativa, Julio Cusurichi, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, apuntó que la ley representa un avance político que ayuda en los procesos de clasificación de rutas.

“Este tipo de proyectos solo favorece a intereses ilegales y a mafias que pretenden seguir saqueando los recursos de nuestra naturaleza”, agregó Ismael Vega.

Ketty Marcelo, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Omaniap), alertó de que la norma podría ayudar también al narcotráfico. “Las organizaciones nos estamos poniendo de acuerdo para tomar acciones. Estamos en el camino de la resistencia”, advirtió.❧

Legisladora oficialista pide derogar norma

-Mientras que el Poder Ejecutivo sacó ayer solo un pronunciamiento tratando de restar importancia a la Ley 30723, por ser solo declarativa, la legisladora oficialista Patricia Donayre fue más allá al anunciar un proyecto de ley para derogarla.

-El Congreso aprobó dicha norma omitiendo contar con la opinión de la Comisión de Pueblos, que preside el parlamentario Marco Arana, del Frente Amplio.

-El Parlamento también dejó de lado el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo que el 7 de diciembre pidió al presidente de la Comisión de Transportes, el fujimorista Guillermo Bocángel, excluir de la ley a las áreas naturales protegidas, reservas territoriales y reservas indígenas.