Investigación a Keiko Fujimori, en manos de la Sala Penal Nacional

La República
18 01 2018 | 00:46h

Tribunal de la Sala Penal Nacional escuchó al fiscal Rafael Vela Barba y a los abogados de Keiko Fujimori y Mark Vito para decidir si el Ministerio Público todavía tiene plazo para investigarlos.

En los próximos tres días, la Sala de Apelaciones de la Sala Penal Nacional decidirá sí la investigación a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito Villanela por presunto lavado de activos, puede continuar o ya es tiempo de que sea archivada.

Para tomar una decisión, los jueces Edita Condori Fernández, Sonia Torre Muñoz y Rómulo Carcausto Calla escucharon este jueves, en audiencia pública, al fiscal superior Rafael Vela Barba y los abogados Giuliana Loza Ávalo, por Keiko Fujimori, y Edward García Navarro, por Vito Villanella.

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En la audiencia se discutió la procedencia de la resolución de la jueza del 2° Juzgado de Investigación Preparatoria, Elizabeth Arias Quispe que ordena a la fiscalía dar por concluida la investigación preliminar a Keiko Fujimori y su esposo y les concede un plazo de 10 días para tomar una decisión: archivar el caso o formalizar los cargos ante el Poder Judicial.

Arías Quispe dio esa resolución ante un pedido de los abogados de Fujimori para que se realice un control del plazo de investigación. La defensa de lideresa de Fuerza Popular argumentó que la fiscalía ya ha investigado mucho tiempo este caso.

Vela Barba pidió al tribunal revocar lo dispuesto por la jueza de investigación preparatoria. Alegó que la magistrada olvidó que, en octubre pasado, la Sala Superior convalidó que la investigación a Fujimori fuera adecuada a la Ley Contra el Crimen Organizado que da a la fiscalía hasta 36 meses para investigar.

El fiscal superior enfatizó que si el caso ha sido adecuado a la Ley, es un absurdo que apenas dos meses después se pide cerrar la investigación y tomar una decisión.

Por su parte, los abogados Giuliana Loza y Edward Alvarez pidieron confirmar la resolución de la jueza Elizabeth Arias. Loza indicó que la investigación comenzó el 8 de marzo del 2016 por lo que hasta la fecha han pasado 22 meses y no existe una norma que autorice a la fiscalía a investigar preliminarmente a una persona, por 36 meses.

Edward Alvarez enfatizó que cuando se inició la investigación ya estaba vigente la Ley Contra el Crimen Organizado, pese a lo cual la investigación no comenzó bajo esa norma. Indicó que recién en octubre del 2017 se adecua la investigación a la Ley de Crimen Organizado solo para tener más tiempo.

Luego de pedir algunas precisiones a la fiscalía sobre el tiempo que ya dura esta investigación y preguntar a los abogados defensores porqué no reclamaron antes, los jueces dejaron el caso al voto y se retiraron a deliberar su decisión. Ellos tienen tres días para resolver.