El autogol del Ministerio de Justicia, por Ricardo Uceda



La República

El gobierno se pone la soga al cuello al negarle información a la Defensoría del Pueblo respecto del indulto a Alberto Fujimori. El partido en la Corte Interamericana comienza con el marcador en contra.

El 27 de diciembre pasado, el Adjunto para Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, solicitó al viceministro de Justicia, Juan Falconí, la remisión de una copia íntegra certificada del expediente en el que se basó el indulto y derecho de gracia concedidos a Alberto Fujimori. Castillo, quien dijo actuar por encargo del Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, solicitó también el acta de la sesión de la Comisión de Gracias Presidenciales en la que se adoptaron dichas medidas. Precisamente Falconí preside el organismo. La incómoda solicitud cayó en el vacío, al punto que el diez de enero la Defensoría del Pueblo emitió su primer pronunciamiento del año, para reiterarla en forma pública. Al día siguiente el Ministerio de Justicia rechazó el pedido.

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En la carta de respuesta del MINJUS, Carlo Santillán, de la Dirección de Gracias Presidenciales, admitió que el Artículo 61 de la Constitución del Estado obliga a los organismos públicos a colaborar con la Defensoría del Pueblo. Admitió también que la ley ordena a las autoridades, funcionarios y servidores públicos a proporcionarle las informaciones que solicite. A continuación puso el freno: una disposición constitucional no es absoluta y debe ser ejercida considerando las restricciones legales que hubieren.

De acuerdo con el MINJUS, la restricción legal que se aplica al expediente Fujimori deriva de su contenido íntimo. Explica que tanto los documentos del legajo cuanto el acta de la sesión correspondiente de la Comisión de Gracias Presidenciales, exhiben información sensible respecto de la salud del indultado. Y este tipo de datos, añade, están considerados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como asuntos exceptuados de la publicidad obligatoria. Son invasivos de la intimidad personal y familiar, sostiene la carta de Carlo Santillán. Son, en suma, confidenciales.

El principal dislate de la carta del MINJUS es que la solicitud denegada no se hizo para ejercer el derecho de Acceso a la Información Pública por parte de la Defensoría del Pueblo sino para que esta pudiera ejercer su misión. Además, la planteó no para difundirla sino para elaborar un informe sobre las gracias presidenciales otorgadas a Fujimori, de aparición prevista no más allá del 24 de enero. El pedido no implicaba un dilema sobre publicidad de información sensible.

Por otra parte, el MINJUS advierte que las solicitudes de información de la Defensoría del Pueblo deberán ser atendidas siempre y cuando sea “en el ámbito de sus atribuciones de defensa de los derechos humanos”, según la legislación sobre transparencia. Esta parte del documento desconcierta. Pues es de conocimiento público que Fujimori cumple sentencia por violación de derechos humanos, y que una corte interamericana de la especialidad está en un proceso de escrutinio de la sentencia que obligó al Estado Peruano a procesarlo. ¿Qué otra cosa prioritaria podría haber para la Defensoría del Pueblo que formarse una opinión fundamentada sobre este indulto? Así, el MINJUS estaría obstruyendo el cumplimiento de una función constitucional.

Sin embargo, la controversia supera largamente los confines de un conflicto institucional dentro del Estado, e incluso los efectos de supuestas infracciones legales en el sector Justicia. El ministro Enrique Mendoza podría ser acusado constitucionalmente por obstruir la misión defensorial, y el funcionario de Gracias Presidenciales ser objeto de una acusación penal por omisión de deberes funcionales. En buena cuenta depende de lo que la Defensoría del Pueblo desee pelear. Lo más relevante es que para la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay una señal inequívoca de que el gobierno peruano intenta ocultar los procedimientos que permitieron indultar a Fujimori ante un organismo facultado para conocerlos. Sobre todo porque los argumentos expuestos para rechazar la solicitud de información no resisten el mínimo escrutinio.

Existe abundante evidencia de que la salud de Fujimori dejó de ser un asunto privado para convertirse en público, por decisión de sus propios representantes. El médico del ex presidente, Alejandro Aguinaga, se ha referido en incontables ocasiones a su estado de salud, con precisiones cada vez más minuciosas. El Estado, asimismo, ya ha difundido lo sustantivo de la información relevante. La resolución que le otorgó el indulto menciona explícitamente los resultados de los dictámenes médicos.

De modo que el argumento de que se niega la documentación del indulto a la Defensoría del Pueblo para preservar la intimidad de Fujimori es ostensiblemente falso. Cuando la Corte Interamericana evalúe la manera en que se dieron las gracias, considerará este hecho como una forma de encubrimiento. Es un autogol contra la representación estatal que defenderá la medida en Costa Rica. El MINJUS tampoco ha entregado el expediente a las congresistas Marisa Glave e Indira Huilca, de Nuevo Perú, quienes hicieron una solicitud formal.

A diferencia de lo ocurrido con la Defensoría del Pueblo, el ministerio no expresó por escrito su negativa. Simplemente se abstuvo de entregar lo solicitado. Las congresistas reiteraron ayer su solicitud. José Elice, Defensor Adjunto del Pueblo, ha enviado una segunda carta de su organización al viceministro de Justicia. El caso del indulto está pasando a convertirse en un grave problema de transparencia, cuyas infracciones están sancionadas por la legislación aprobada en 2017.

De acuerdo con la carta de respuesta enviada por el MINJUS a la Defensoría del Pueblo, el problema se allanaría si el dueño de los datos personales que el Estado pretende proteger –Alberto Fujimori− permite formalmente la solicitud. En casos así, la ley lo establece. Quizá cabe esperar de Fujimori un comportamiento más razonable que el del Ministro de Justicia. Queda claro que el indultado sigue siendo el mayor interesado en divulgar sus problemas de salud.

Aunque los peticionarios de la información denegada no invocaron el derecho de acceso a la información pública, cualquier ciudadano podría haberla solicitado. En 2010, un juez resolvió a favor del Centro LIBER cuando el MINJUS se negó a proporcionar el expediente del indulto fraudulento de José Enrique Crousillat. Por eso el tema es de incumbencia del flamante Director de la Autoridad Nacional de Transparencia, Eduardo Luna, nombrado tras concurso público el pasado 5 de enero. Goza de autonomía. La ley lo faculta para pronunciarse en esta cuestión de la máxima relevancia pública, y para exigir a las autoridades del Estado que cumplan con la ley. En la coyuntura actual, es una honrosa manera de perder el puesto.