CIDH rechaza el indulto y Corte IDH cita a audiencia

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28 Dic 2017 | 13:50 h
La Republica

Vicios. Señala que participación de su médico de cabecera en junta médica afecta imparcialidad del proceso y que derecho de gracia impide indebidamente procesarlo por caso Pativilca. Audiencia extraordinaria de la Corte IDH será el 2 de febrero.

El indulto humanitario concedido por el presidente Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori desacata sus obligaciones internacionales en casos de delito de lesa humanidad, advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Al suprimir los efectos de sentencias condenatorias referidas a crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos en beneficio de Alberto Fujimori, el Estado peruano incumplió con las disposiciones de las sentencias de la Corte Interamericana y desconoció sus obligaciones internacionales", sostuvo en un comunicado.

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Recordó que el año 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que los crímenes perpetrados en el caso La Cantuta constituyen delitos de lesa humanidad. Diez años antes, el mismo tribunal supranacional calificó la masacre de Barrios Altos, cometida durante el gobierno de Fujimori, como una grave violación de los derechos humanos.

"El derecho internacional de los derechos humanos prohíbe la aplicación de amnistías, indultos (...) a personas que han sido encontradas culpables de crímenes de lesa humanidad", remarcó.

No cumple requisitos

La CIDH indicó que el indulto otorgado a Fujimori no cumple con los requisitos legales fundamentales, los elementos del debido proceso ni la "independencia y transparencia de la junta de evaluación técnica".

Manifestó que la participación del médico particular de Fujimori, Juan Postigo, en la junta médica que realizó el informe que aconseja el indulto, "viola flagrantemente el requisito de independencia y objetividad de esta junta".

Cuestionó que, además, del indulto, se le haya otorgado un derecho de gracia que lo excluye de cualquier proceso en su contra que esté en curso. En ese sentido, remarcó que el Estado ha inclumplido su compromiso internacional de investigar las violaciones de los derechos humanos, sancionar y reparar a las víctimas.

Refirió que al impedir indebidamente que siga el proceso penal en curso contra Fujimori por los crímenes cometidos en Pativilca (autorizado por la Corte Suprema de Chile ampliando el pedido de extradición), se evita esclarecer la verdad, identificar y sancionar a los responsables para que las víctimas alcancen justicia.

Sostuvo que el indulto tuvo lugar en medio de una crisis política, lo que "impide que la decisión sea transparente e incuestionable".

Sesión en corte IDH

Por su parte, la Corte IDH acogió el pedido de las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos de realizar una audiencia urgente para exponer sus cuestionamientos al indulto de Alberto Fujimori.

La sesión se llevará a cabo en el marco de las acciones de supervisión al cumplimiento de las sentencias dictadas en ambos casos por el ente supranacional. Se celebrará el 2 de febrero de 2018 en Costa Rica y se ha convocado también a representantes del Estado peruano, la CIDH y CEJIL, así como abogados de las víctimas.

La directora de Aprodeh, Gloria Cano, refirió que explicarán que la libertad de Fujimori responde a un canje político que mella el derecho de las víctimas a la justicia.

Relatores de la ONU se pronuncian

El indulto de Alberto Fujimori es un revés para el estado de derecho en Perú, advirtieron dos relatores de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.

Desde Génova, se pronunciaron la relatora especial para casos de ejecuciones extrajudiciales, Agnés Callamard, y el relator especial para el fomento de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff.

Expresaron su disconformidad y consternación. "Es una bofetada para las víctimas y los testigos cuyo incansable compromiso lo llevó ante la justicia", acotaron.

Recordaron que las leyes internacionales restringen amnistías, indultos y otras exclusiones de responsabilidad en graves violaciones de los derechos humanos.