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Alberto Fujimori: esta es la resolución del indulto y derecho de gracia

La Republica
Michael Machacuay

Beneficio que recibió el exmandatario no solo suprime todas sus condenas, también anula los procesos pendientes que hasta la fecha mantiene en su contra.

El polémico indulto que el presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó a vísperas de Nochebuena al reo Alberto Fujimori ya figura en el Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. 

La Resolución Suprema N°282-2017-JUS recoge la recomendación favorable de la Comisión de Gracias Presidenciales, que establece en resumen que el mal que padece el padre de Kenji y Keiko Fujimori es una “enfermedad terminal”.

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“Que, en el presente caso, la gravedad de la enfermedad se configura como un argumento en el que se justifica la culminación de la ejecución penal que conlleva la gracia, sin sacrificar los fines de la pena constitucionalmente reconocidos, toda vez que se trata de un caso excepcional de una persona con enfermedad no terminal grave”, argumenta el documento.

“(…) siendo que la exigibilidad de la ejecución completa de las penas impuestas al solicitante Alberto Fujimori Fujimori, a sus 79 años de edad y dada la condición de salud que muestra deterioro y vulnerabilidad, el citado solicitante no significaría un peligro para la sociedad y, por el contrario, dicha exigencia podría representar un daño irreparable a su derecho fundamental a la integridad física o, incluso, a su vida, por lo que, debe primar el principio y derecho a la dignidad humana”, prosigue.

Así, el indulto humanitario para Fujimori se sostiene sobre la base de los incisos 8 y 21 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú. Además, se precisa que se otorga el “derecho de gracia por razones humanitarias” al interno del penal de Barbadillo.

Es decir, la presente resolución no solo suprime todas las condenas que recibió el exdictador, también tiene efecto sobre los procesos pendientes que hasta la fecha se encuentran vigentes contra el beneficiado.

El documento oficial lleva las firmas del mandatario y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Mendoza.